* Por Francisco Jiménez Reynoso

31 de enero de 2022.- En los últimos años, se han acentuado los ataques en contra de quienes de alguna u otra manera, nos dedicamos a la comunicación. Datos del CONALIPE (Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo), y la FAPERMEX (Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos), mismo que preside Juan Ramón Negrete Jiménez, así como otras organizaciones periodísticas destacan los siguientes escalofriantes datos: Tan solo en esta administración federal, son 48 asesinatos: 41 periodistas, 2 locutores, 1 trabajador de la prensa, 2 familiares y 2 escoltas.
Del año 2000 a la fecha, ya suman 285 asesinatos: 244 periodistas (4 locutores, 11 trabajadores de prensa, 13 familiares y 9 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas).
En este orden de ideas, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, son 351 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 306 periodistas, 4 locutores, 11 trabajadores de prensa, 16 familiares y 10 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas.
Aunado a lo anterior, son 28 desapariciones forzadas, que siguen sin aclararse.
El asesinato más reciente en contra de una colega fue el de la periodista Lourdes Maldonado López, en Tijuana Baja California, con un balazo en pleno rostro. Es importante destacar, que en su momento, informó al Presidente de México del riesgo que estaba viviendo, y que temía por su vida. Lo cual evidencia el fracaso del sistema de “procuración de justicia”, y pone en entredicho el “mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas”, ya que esta comprobado que no funciona.
La periodista logró la atención de todo el país cuando en 2019 se plantó en una conferencia ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que temía por su vida a raíz de un conflicto laboral que mantenía con su antigua empresa, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, quien negó tener ninguna vinculación con el asesinato.
Lo que comúnmente no se documenta (por la complejidad del asunto) son los ataques previos que reciben los comunicadores que pueden ser desde: amenazas, contra ellos o sus familiares, contra sus empleos o fuentes de ingresos alternos (en virtud de los precarios sueldos que en México tienen quienes se dedican al periodismo). Y un largo etcétera de actos desde intimidatorios que llegan a culminar en actos delictivos fatales. En estos casos ni siquiera somos conscientes de las torturas psicológicas a las cuales son sometidos un sin número de periodistas en México.
La verdad en Mexico se reduce, ya que más del 90 por ciento de asesinatos contra periodistas quedan en la impunidad. Esto sin duda alienta a los delincuentes que saben que no hay consecuencias si perpetran asesinatos contra el gremio periodístico. A la par, el temor fundado que tienen los periodistas se reflejará en la publicación de la verdad, que cada vez podrá ser menos contrastada con los hechos que suceden en nuestras calles. La simbiosis entre autoridades y delincuencia organizada esta sumiendo a nuestro país en una situación de terror, sin precedentes.
En Jalisco los focos rojos están encendidos desde el inicio de la presente administración. El poder ejecutivo, así como algunos funcionarios, si en algo se ha distinguido es en la prepotencia y amenazas contra periodistas. Por ello es que se han hecho acreedores a recomendaciones a nivel internacional, nacional y estatal. Lo cual resulta cuando menos incomodo para quien o quienes nos dedicamos a la cuestión informativa en nuestra entidad.

* Doctor en Derecho. Integrante de Observatorio de Seguridad y Justicia. Benemérita Universidad de Guadalajara. “Piensa y Trabaja”.