Por: Eduardo Esquivel Torres
Jueves 5 de junio de 2025.- Pasaron cinco años cuando jóvenes fueron detenidos de manera ilegal en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado por ir a protestar por detenciones realizadas un día antes en una protesta por el caso Giovanni López (2020) quién falleció un día después de ser detenido o no traer cubrebocas.
Sin embargo, en el llamado “halconazo tapatío” no hubo culpables porque investigaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) relacionadas con lo sucedido fueron archivadas y el Poder Judicial Federal (PJF) optó por sobreseer un caso ligado al determinar que no hubo desaparición forzada.
De acuerdo a información de un diario local (NTR GDL) el 25 de marzo de 2025, con sólo dos quejosos de los 11 que habían iniciado el proceso (puesto que muchas personas no ratificaron el amparo una vez localizadas), la última juez a cargo del expediente, Goreti Rocha Aguilar, dictó sentencia en la que sobreseyó el amparo con una reserva: que se continúe la investigación por tortura y maltratos.
En conclusión, la sentencia establece que no hubo desaparición forzada, en resumen, porque las autoridades terminaron por proveer información sobre el paradero de las últimas personas representadas.
En contraste, los abogados se apoyaron del movimiento digital “@detenidxsJAL”, a través del cual se buscó toda evidencia de la desaparición forzada de entre 80 y 100 personas.
El mismo medio describe que ese día (1 de julio de 2020) las cámaras del C5 de Guadalajara registraron fallas técnicas, coincidentemente, en los puntos donde hubo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por elementos de la FE hacia jóvenes manifestantes.
Sin cámaras, no hubo pruebas para confirmar los testimonios de las víctimas y la FECC terminó por archivar el caso.
