Guadalajara, Jalisco.- Tras comparecer ante el Congreso de Jalisco, y a pesar de los actos de desaparición forzada consignados contra estudiantes el pasado 5 de junio, Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía, descartó renunciar. fiscal
Ante 22 de los 38 diputados locales, Solís Gómez reconoció que hubo una serie de abusos cometidos por la Policía Investigadora y culpó nuevamente, secundando el mensaje de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, al crimen organizado por haber infiltrado la organización y haber ordenado reprimir a manifestantes.
Apuntó también que el tema no es nuevo, y que según estudios de inteligencia nacional las policías investigadoras de todo el país están infiltradas por criminales.
Dijo también que los hechos recientes han mermado la credibilidad de la población sobre la Fiscalía, aunque descartó su renuncia y aseguró también que su presencia en el gobierno pueda entorpecer las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo.
“Permaneceré en el cargo mientras esta soberanía y el Ejecutivo así lo consideren. En este momento lo que tiene que hacer la Fiscalía es coadyuvar en las investigaciones para llegar al fondo de los hechos”, dijo ante diputados y medios de comunicación.
Durante la comparecencia, y tras la reiterada declaración de Solís Gómez sobre la infiltración del crimen organizado, las diputadas Mariana Fernández y Érika Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, pugnaron porque la FGR tome el control de su homónima estatal y se aclare quién dio la orden de detener arbitrariamente a manifestantes, golpearlos y trasladarlos, en algunos casos, a zonas alejadas de la metrópoli. fiscal
En tanto, Sofía García, también del PRI, llamó a Solís Gómez a no repartir culpas y asumir sus responsabilidad, dijo que la reunión no se convocó para defender o crucificar a nadie sino para buscar que se esclarezcan los hechos. fiscal
Pese a esto, diputados de Movimiento Ciudadano y el Acción Nacional defendieron el actuar de las autoridades estatales, y aseguraron que en el asesinato de Giovanni López ─que originó las manifestaciones entre los días 4 y 8 de junio─ sólo estuvieron involucrados policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. También pidieron que se castigue al responsable de incendiar a un policía de Guadalajara.
En tanto, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró que las detenciones irregulares de jóvenes pasarán a la historia como uno de los capítulos más negros del actuar de la policía en el Estado. Afirmó que la Comisión ha dado acompañamiento a los jóvenes afectados y también a los dos policías investigadores consignados como presuntos responsables.
También compareció Macedonio Támez, coordinador general del Gabinete de Seguridad, todo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, que colapsó diversas vialidades del Centro Histórico de Guadalajara y provocó la colocación de vallas y el despliegue de al menos 100 policías.