Guadalajara, Jalisco.- Aunque Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, ha exigido al gobierno federal que entregue más recursos ─al menos 9 mil 200 millones de pesos de cara al 2021─, e incluso amagó con abandonar el Pacto Federal, en su apartado fiscal, su administración aún no ha comprobado el destino de 5 mil 135 millones de pesos ejercidos durante el último mes de 2018, según la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con una investigación realizada por Sin Embargo, en 2018 Jalisco recibió de la Federación 41 mil 353 millones de pesos por concepto de participaciones de participaciones, no obstante, incurrió en fallas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que generaron un monto por aclarar de 5 mil 135 millones de pesos, que corresponden principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria.
Según la citada fuente, las irregularidades del multimillonario monto no comprobado se desprenden de diversos fondos, como el de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que recibió 18 mil 539 millones de pesos para 2018.
No obstante, “la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco no realizó un ejercicio ‘eficiente y transparente’ de los recursos, ya que omitió el reintegro total de recursos a la Tesorería, y registró pago de remuneraciones no identificadas y pago a personal no identificado en centros de trabajo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 320 millones 363 mil pesos”.
Una situación similar ocurrió con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y del programa Escuelas de Tiempo Completo. Además, “la administración estatal proporcionó a Hacienda los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de dicho programa ‘sin calidad, ni congruencia'”, detalla el reporte de la ASF sobre el tema.
Por si fuera poco, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que recibió 4 mil 685 millones de pesos para ejercer en 2018, “registró fallas en transferencia y destino de recursos, y en servicios personales, lo que causó un posible daño por 390 millones 061 mil pesos”.
“Y en fondos para seguridad, se detectaron fallas en el registro e información financiera de las operaciones, lo que causó un probable daño por 17 millones 919 mil pesos”, puntualiza Sin Embargo.
Las irregularidades en torno al presupuesto que el gobierno federal entrega a los estados no se limitan sólo a Jalisco, sino que se extienden a toda la llamada Alianza Federalista, que también conforman, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán y Tamaulipas.
En esta última entidad fronteriza, gobernada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, la ASF detectó anomalías por casi 9 millones de pesos, ya que los bienes y servicios fueron adquiridos a sobreprecio en comparación con las cotizaciones originalmente presentadas por el proveedor-
La salud y la educación fueron otras áreas con malos manejos. En el primer rubro hubo problemas para dar seguimiento a los gastos, además de inobservancias de la normatividad de los programas ejecutados en colaboración con la Secretaría de Salud federal. Este tipo de deficiencias causó probables daños económicos por al menos 918 mil pesos.
En Michoacán, la ASF detectó que en 2018 se realizaron pagos por 9 millones 230 mil 860 pesos en cuatro obras que no se encuentran en operación. También, 5 millones 510 mil 908 pesos del Fondo de Aportaciones se gastaron pero no entregó documentación al respecto.
En Nuevo León, que gobierna Jaime Rodríguez Calderón, las anomalías en la cuenta pública suman más de 230 millones de pesos e incluso la ASF detectó mil 686 pagos a más de 406 trabajadores difuntos, dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
Sin el Pacto Federal, Jalisco dejaría de recibir el 67% de sus ingresos