Guadalajara, Jalisco.- Laura Imelda Pérez Segura, legisladora federal del Movimiento de Regeneración Nacional por Jalisco, presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interponga una acción de inconstitucionalidad al decreto de medidas sanitarias obligatorias en Jalisco, ordenado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
A través de la propuesta, presentada por escrito, Pérez Segura recordó que el pasado 19 de abril Alfaro Ramírez publicó un decreto ─en el Periódico Oficial del Estado─ donde se estableció como medidas sanitarias obligatorias el aislamiento social y el uso del cubrebocas en la vía pública, facultando a los 125 ayuntamientos de la entidad para aplicar sanciones administrativas como arrestos y multas.
“El acuerdo estatal ha provocado prácticas violatorias de los derechos humanos, pasando por encima de la estrategia sanitaria nacional, e incluso desacatando, por la vía de los hechos, la jerarquía gubernamental del gobierno federal”, sostuvo en su argumentación.
Subrayó que las medidas no corresponden a las facultades del gobernador del estado y violentan el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también el artículo 29 que faculta sólo al Presidente de la República suspender el ejercicio de los derechos en los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública.
“Es evidente que el Ejecutivo Estatal no tiene las facultades para suspender el ejercicio de los derechos y garantías consagradas en la Constitución… priva a capricho el ejercicio del derecho al libre tránsito plasmado en el artículo 11 constitucional… a pesar de que ninguna ley estatal ni federal está por encima de la Constitución”, apuntó.
Agregó que Enrique Alfaro Ramírez ha impuesto un estado de excepción que ha pasado por alto los criterios de la Secretaría de Salud federal.
Detalló que las medidas sanitarias obligatorias impuestas en Jalisco carecen de legalidad y se han utilizado para justificar “el abuso en el uso de la fuerza, situación que han sido ampliamente documentada y manifiesta en diversas publicaciones que incluso han tenido alcance internacional”.
Destacó que a pesar de que el gobierno de Jalisco habilitó un sitio de Internet para transparentar información sobre el Covid-19, se omiten los datos sobre detenciones y retenciones, además no proporciona un mecanismo que permita denuncias contra abusos de autoridades.
“Es evidente que las medidas del gobernador,y que cataloga de oportunas y necesarias, responden más a un tema de agenda política, de posicionamiento público y de interés personal que a una situación de emergencia sanitaria”, puntualizó.