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Pleito de hermanos González Uyeda por Sello Rojo

Pleito de hermanos González Uyeda por Sello Rojo

Partidiario

Criterios

 

Mediante préstamos y ahorros personales, allá por 1961, el alteño Roberto González de la Torre adquirió de un texano de origen mexicano, una pequeña lechera, hoy una de las más importantes del ramo en el país: Sello Rojo, con un valor que ronda los 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, un pleito familiar que encabezan tres de los siete hermanos y que, a decir de los afectados ─los cuatro restantes─, se han apoderado “a la mala” del control de Lechera Guadalajara, S.A. de C.V., situación que podría dar al traste con la pasteurizadora y empresas afines porque en el futuro tendrán tres opciones: conciliación, inviabilidad, o la venta, posiblemente a la competencia, por ejemplo, a algún monopolio lechero del país e incluso transnacional.

Los acusados de ocasionar esta multimillonaria disputa entre quienes son los segundos herederos de la empresa (los primeros fueron los hijos  de don Roberto y ahora son los nietos) que ha llevado a apoderarse del control de la compañía con el auxilio poco honesto de las autoridades -como la Fiscalía General-,  a la parte minoritaria de los  accionistas, los hermanos: Abraham González Uyeda, exsubsecretario de Gobernación con Felipe Calderón (2006-2012); Rubén Masayi, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) e Hilda Hiroko González Uyeda.

Los desconocidos, y despojados son los siguientes cuatro consanguíneos: Roberto Eiji, Aída Araceli Tomie, Sergio Akira y Alfredo Shigueru, todos, González Uyeda, hijos de Rubén González Sánchez.

A los siete hermanos González Uyeda, su padre les heredó el 91 por ciento de las acciones repartidas a partes iguales :13 por ciento a cada quien. El nueve por ciento restante lo poseen los otros dos hijos de don Roberto González de la Torre, Hilda y José Luis González Sánche, 1.2 y 7.2%, respectivamente.

El último –José Luis González Sánchez─, se quedó con un porcentaje pequeño no obstante haber sido el gestor del financiamiento bancario y particular, para la adquisición de la pasteurizadora y cofundador de la ahora exitosa compañía junto con su padre Roberto y su hermano Rubén. Finalmente fue éste quien se quedó con casi la totalidad de las acciones (el 90%) y echó a su hermano José Luis de Sello Rojo.

A su muerte, Rubén heredó  a sus siete hijos González Uyeda, quienes en buena medida siguieron su ejemplo y ahora están divididos y peleados.

Un mes atrás, sin causa justificada y aparentemente instigados y apoyados por el político de la familia,  Abraham González Uyeda, quien lo mismo financia a panistas (en su casa de campo en El Zapote, a un costado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Francisco Ramírez Acuña  “destapó” a Felipe Calderón Hinojosa, si mal no recuerdo el 5 de mayo, un día después de la represión a los altermundistas o globalofóbicos) los hermanos Rubén Masayi e Hilda Hiroko solicitaron al Juzgado Séptimo de lo Mercantil la suspensión de sus funciones a los restantes cuatro hermanos como miembros del consejo de administración y los lanzaron a la calle.

Con una sospechosa urgencia que ya quisiera el común de los mortales en búsqueda de justicia, el titular del citado juzgado, Juan Carlos González Magaña, ni tardo ni perezoso, impuso medidas cautelares extraordinarias en contra de sus hermanos demandados e igual operaron policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Jalisco, cuyo titular es quien fuera procurador con Ramírez Acuña, Gerardo Octavio Solís Gómez, luego gobernador interino cuando su jefe se fue de secretario de Gobernación y Abraham González Uyeda de subsecretario.

En un desplegado aparecido en El Informador a página entera el pasado 24 de julio, Hilda Araceli Tomie, Alfredo Shigueru, Roberto Eiji y Sergio Akira González Uyeda,  denunciaron que “el lunes 24 de junio (exactamente un mes atrás), los hermanos Rubén Masayi González Uyeda e Hilda Hiroko González Uyeda, en su calidad de socios minoritarios de las tres sociedades que conforman la empresa Lechera Guadalajara –Sello Rojo-, solicitaron a un juez mercantil que suspendiera de sus funciones de sus funciones a la mayoría de los miembros del Consejo General de Accionistas, y  le solicitaron que se nombrara al mismo Rubén Masayi como administrador general único de esas tres sociedades y le entregaran la posesión material de la empresa. El juez mercantil concedió, dos días después, las medidas cautelares solicitadas por estos accionistas minoritarios.

“Con una celeridad inaudita y un operativo sin precedentes, la madrugada del sábado 29 de junio, abogados, secretarios ejecutores y policías municipales, asistidos por agentes de la Fiscalía del Estado, tomaron la administración de la empresa, para entregarla a Rubén Masayi; dejando sin derecho de acceso a los accionistas mayoritarios, incluidos sus cuatro hermanos y un hermano del fundador (José Luis). Resalta la inusual participación de los agentes de la Fiscalía del Estado y que en sólo seis días se ejecutaron estas acciones”.

“Consideramos que deben transparentarse las razones y fundamentos  por los que las personas solicitan y los jueces conceden medidas cautelares. Creemos que este tema será medular para demostrar que representa una nueva forma de resolver los conflictos y que existe la intención real de combatir la corrupción”.

Precisamente de luchar contra la corrupción habló recientemente quien preside el CCIJ, Rubén Masayi González Uyeda, quien a nombre de los industriales firmó un acuerdo con la Contraloría porque se “busca un blindaje contra los actos de corrupción”.

¿Será por eso que el CCIJ , o sea, Rubén Masayi, nombró a  Abraham González Uyeda su representante en el Comité de Adquisiciones del gobierno del estatal?

Por eso se preguntan los firmantes del desplegado, los hermanos González Uyeda, lanzados: “¿Cuál es la ruta que realmente tomará el CCIJ: lo que dice o lo que hace su coordinador?”

Seguramente los asociados industriales tendrán la palabra. Los hechos demostrarán qué tan “blindados” están contra la gran corrupción que agobia al país, tanto en el sector público como en el privado. La muestra, el caso de esta pasteurizadora, en donde la riña legal es nada menos que entre hermanos.

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Acerca del autor

Felipe Cobián

Ex jefe de Información de Notisistema y Noticentro. Excorresponsal de Excelsior, La Jornada y Proceso. Fundador de Semanario Diez y Proceso Jalisco.

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