Raúl Padilla, líder moral de Universidad de Guadalajara.
Puntos y Contrapuntos
Criterios
Con pequeñas variables, el modelo se repite en prácticamente todas las universidades públicas del país.
La inmensa mayoría están controladas por grupos hegemónicos que usualmente han tenido su origen y cimentado su poder en organizaciones de presumible representación estudiantil, que impusieron su ley por medio de la violencia y la intimidación.
Con la complicidad, la anuencia o las omisiones perversas o interesadas de los gobiernos estatales y federal, la mayoría de las instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas como plataformas políticas, que al amparo de su estatuto de autonomía han sido administradas en forma discrecional y patrimonialista, lo que ha dado a sus cúpulas directivas un inmenso poder y una muy amplia patente para cometer abusos, realizar negocios ilícitos y medrar con los presupuestos públicos.
La investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda realiza al presupuesto y las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por el presumible lavado de 156 millones de dólares que esa institución recibió provenientes de Suiza, a partir de cuentas en 22 países, es sólo una página del libro de las infamias que se tejen en las entrañas de las universidades pública del país.
La noticia que dio a conocer el pasado viernes 1 de marzo del 2019 el titular de UIF, Santiago Nieto Castillo, debería ser el principio de una profunda investigación, en varios campos, de forma simultánea, para desmantelar muchas cofradías doradas, mafias o grupos delincuenciales que con el disfraz de estudiantiles o académicos operan en prácticamente todas las universidades públicas de México.
Los siguientes casos son muy ilustrativos.
AÑO DE HIDALGO
El caso que podría detonar una investigación, necesaria, obligada, sistemática y profunda, con respecto a la forma como son controladas y manipuladas la mayoría de las universidades públicas de México, es el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se presume estaría involucrado el cacique, desde hace por lo menos 36 años, Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronado de esa institución educativa.
El portal digital La Silla Rota publicó el domingo 13 de mayo del 2018 una detallada información de su corresponsal en Hidalgo, Axel Chávez, titulada “La ‘Sosa Nostra’ el grupo que se apoderó de Morena en Hidalgo”.
La nota advierte que, tras su renuncia al PRI, después de 30 años de ostentar cargos al amparo de esas siglas, Gerardo Sosa Castelán obtuvo candidaturas a diputaciones locales y federales para su grupo, así como la dirigencia del partido Morena en Hidalgo.
El cacique de la UAEH creció políticamente al amparo político de Jorge Rojo Lugo, quien fue secretario de Agricultura de 1976 a 1978, durante el gobierno de José López Portillo y Pacheco, así como mandatario estatal de Hidalgo de 1978 a 1981.
Relata la información publicada por La Silla Rota que Rojo Lugo utilizó a la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), a la que desde entonces se incorporó Sosa Castelán, como un instrumento de choque, “la cual acumuló 170 averiguaciones previas por robo, lesiones y secuestro, entre 1987 y 1988, de acuerdo con el recuento documentado que el historiador Arturo Herrera Cabañas incluyó en su obra Política y Gobierno de Hidalgo”.
Con el liderazgo de Sosa Castelán, el Grupo Universidad (del estado de Hidalgo) acumuló 36 años de presencia en el Poder Legislativo de esa entidad, a través de catorce curules otorgadas por el PRI, una más por Acción Nacional y otra por el partido Movimiento Ciudadano, reseña el reportero Axel Chávez.
Tras la suma del grupo de Sosa Castelán a la causa de Andrés Manuel López Obrador, el 16 de abril del 2018 se anunció que Morena le entregó al cacique de la Universidad de Hidalgo seis candidaturas a diputaciones locales de mayoría y una para una diputación federal en el Congreso de la Unión.
El pasado domingo 3 de marzo del 2019 el periódico Milenio informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo opera 22 empresas, entre ellas un hotel, un centro de seminarios, un club deportivo e incluso una gasolinera, todas bajo el control del Corporativo de Empresas del Patronato Universitario que encabeza Sosa Castelán.
IGUALITOS
Carlos Ramírez Ládewig (hijo de Margarito Ramírez Miranda, exgobernador de Jalisco 1927-1929), fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y jefe político de la Universidad de Guadalajara durante 24 años, desde 1951 hasta el día de su muerte, cuando fue asesinado el viernes 12 de septiembre de 1975, presumiblemente por un comando guerrillero, aunque su familia mantiene la certeza de que fue un crimen de Estado perpetrado por el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien era yerno de José Guadalupe Zuno Hernández (exgobernador de Jalisco 1923-1926 y fundador de la etapa moderna de la UdeG a partir de 1925), pues estaba casado con María Esther Zuno Arce.
Al morir Carlos, heredó el liderazgo político de la FEG –la mítica y violenta organización del socialismo teórico y el pistolerismo práctico– y de la UdeG a su hermano Álvaro Ramírez Ládewig. Jefe y protector de Raúl Padilla López, Álvaro llevó a su pupilo predilecto a la rectoría de la UdeG en 1989. Ese año, “El Licenciado”, como genéricamente se conoce al actual cacique de la UdeG desde hace tres décadas, le quitó todo el poder a Álvaro y se apoderó de la institución educativa.
Desde hace 21 años Padilla López es también el virtual dueño del PRD en Jalisco. Desde 1998 a la fecha, los diez presidentes de ese partido han sido empleados de la UdeG e incondicionales del cacique, quien también ha gozado de privilegiadas candidaturas para su gente en el PRI y en Movimiento Ciudadano.
Luego de los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor es actualmente diputada local plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano. Muy cercana a Raúl Padilla, fue directora del Centro de Estudios Estratégicos de la UdeG y hasta principios del 2018 rectora del Centro Universitario de los Altos, en Tepatitlán.
La coalición electoral del PRD con el PAN, pero principalmente con MC, en los pasados comicios, le permite a Padilla López tener dos diputados de mayoría relativa en el Congreso de Jalisco, representando al Partido de la Revolución Democrática: Edgar Enrique Velázquez González (Distrito 4 de Zapopan) y Gerardo Quirino Velázquez Chávez (Distrito 12 de Tlajomulco), quienes fueron respaldados por los votos de la coalición PAN-PRD-MC.
En 2015, Velázquez González fue postulado por el PRD como candidato a la alcaldía de Zapopan y apenas sumó 5 mil 592 votos, el 1.27 por ciento. Edgar Enrique fue, entre 2015 y 2018, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG.
Padilla López es dueño también de la carta del diputado federal plurinominal (rector 2013-2019 de la UdeG con licencia) Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien coordina a los 28 diputados federales de MC en el Congreso de la Unión.
La actual diputada federal perredista Abril Alcalá Padilla es prima hermana del factótum de la UdeG. En los comicios del 2015, Abril Alcalá fue candidata a diputada federal por el Distrito 6 de Zapopan y perdió, postulada por la alianza PRI-Partido Verde.
Otra diputada federal del PRD, que llegó con el apoyo de la coalición con PAN y MC, que tiene tatuado en la frente el signo del Grupo UdeG, es Mónica Almeida López, quien de 2015 a 2018 fue diputada local en Jalisco. Antes de la diputación local se desempeñó como rectora del Centro Universitario de los Valles, en Ameca, Jalisco.
Pertenece también a la divisa del Grupo UdeG el senador suplente de Movimiento Ciudadano por Jalisco, José Alberto Galarza Villaseñor (expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, periodo 2013-2016), quien fue fórmula electoral con el ahora senador titular y coordinador nacional de MC, José Clemente Castañeda Hoeflich.
En los comicios del 2015 participaron otros miembros del grupo UdeG. José Trinidad Padilla López, hermano del cacique, fue candidato priista y perdió la diputación federal en el Distrito 13 de Guadalajara.
Leobardo Alcalá Padilla, primo hermano del factótum, fue postulado en 2015 por PRI-PVEM y perdió en el Distrito 8 de Guadalajara una diputación local.
Además de realizar una intensa actividad política, el cacique de la UdeG es también el presidente del Corporativo de Empresas Universitarias, que incluye 14 entidades económicas: Club Deportivo UdeG, Editorial Universitaria, Empresa Desarrolladora de Software y de Negocios, Empresa Servicios Universitarios, Feria Internacional del Libro, Hotel Villa Montecarlo, Hotel Villa Primavera, Inmobiliaria Universitaria, Operadora Universitaria de Energía, Operadora Auditorio Metropolitano, Operadora Centro Cultural Universitario, Operadora de Estacionamientos, Operadora Parque Industrial Los Belenes y Sistema Corporativo Proulex-Comlex.
CONTAGIO
Una nota del corresponsal de la revista Proceso en Colima, publicada el 17 de octubre del 2016, reseña que el Grupo Universidad de esa entidad, que encabeza el exgobernador Fernando Moreno Peña, exhibió su poder luego de que la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del Congreso local desechó una propuesta de nueva Ley Orgánica de la Universidad de Colima, en la que, entre otras cosas, se planteaba democratizar la vida interna de la institución mediante la reducción de facultades del rector y el cambio en la integración del Consejo Universitario.
El reportero Pedro Zamora Briseño explica que “manejada desde hace casi cuatro décadas por el grupo político creado por el fallecido exrector (1979-1989) Jorge Humberto Silva Ochoa, la Universidad de Colima ha sido utilizada como trampolín político por sus directivos para acceder a puestos públicos administrativos y de elección popular a través del PRI”.
Agrega el reportero de proceso que “de las filas del Grupo Universidad (de Colima) surgieron ya tres gobernadores –Fernando Moreno Peña (1997-2003), Arnoldo Ochoa González (en 2005) y Carlos Flores Dueñas (en 2003), los dos últimos interinos–, diputados federales, diputados locales, senadores, presidentes municipales y funcionarios de diversas oficinas gubernamentales”.
El diputado local priista Héctor Magaña Lara, al mismo tiempo presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), fijó en la tribuna del Congreso colimense un posicionamiento en nombre de los diputados del PRI, PAN, Panal, PT, PVEM e independientes (con la única excepción de la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina), en el que llamó a defender “a capa y espada” la autonomía universitaria.
Magaña Lara, quien llegó a la diputación bajo el cobijo del Grupo Universidad, evidenció su menosprecio por la propuesta de nueva Ley Orgánica que “ni siquiera despeinó a la gran comunidad universitaria” y calificó como “desestabilizadores” a sus autores.
El exrector y exgobernador de Colima, Moreno Peña, aplaudió por su parte el rechazo a la propuesta de nueva Ley Orgánica, pues a su juicio el Congreso local le ratificó su confianza a la universidad porque ésta, durante casi 40 años “siempre ha ejercido de manera responsable la autonomía”.
Permisivos, omisos, cómplices, los gobiernos estatales y federal han solapado durante décadas muchos excesos de las cofradías doradas, muchas de ellas evidentemente delictivas, que tienen secuestradas a universidades públicas en México, en detrimento de la docencia, la academia y la investigación, en perjuicio de miles de jóvenes para quienes no hay cupo en sus aulas.
En muchas de estas instituciones urge que se cumpla a fondo la premisa del combate a la corrupción que tanto predica el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, en el caso de Jalisco, además, una verdadera refundación, como la que anuncia el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
