La gobernadora electa María Eugenia Campos Galván presentó la iniciativa de Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua, mediante la cual pretende transformar la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (Fem), constituyendo una regresión a los derechos humanos de las mujeres.
El Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua alerta sobre esta pretensión de agregar el concepto “y Atención a la Familia” a la Fem. El movimiento recuerda que existe una obligación adquirida por México en el ámbito internacional para enfocar esfuerzos especializados y específicos para la atención de la violencia contra las mujeres por razón de género a partir de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos como son la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El estado de Chihuahua, en particular ─y México,, en general─ ha recibido múltiples recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos que promueven el fortalecimiento de las acciones y competencias de Fiscalías Especializadas para la Atención de la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, como la vía para incluir la perspectiva de género en la procuración de justicia y como mecanismo para la construcción de instancias encargadas de garantizar los derechos humanos.
Fue a partir de un acuerdo derivado del caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros contra México, conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que surgió en Chihuahua la primera Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos por Razón de Género en el país para responder de forma adecuada, pertinente y con mayor eficacia para el acceso a la justicia de las niñas y mujeres.
Desde entonces, en todo el país se han venido creando Fiscalías Especializadas para la Atención de la violencia contra las mujeres como un reconocimiento de que la erradicación de las violencias contra ellas, tanto en el ámbito privado como en el público, es una obligación del Estado. El objetivo de estas fiscalías es lograr, entre otras cosas, una atención especializada a las mujeres y una investigación diligente de los casos, para que no sufran al acudir a los ámbitos de procuración de justicia un nuevo maltrato, al ser sometidas a procedimientos lentos y agobiantes.
Ampliar el enfoque de la Fiscalía a la “Atención a la Familia” implicaría un enorme retroceso, en tanto que diluye su especialidad y desvía los esfuerzos específicos para el combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, lo que se aparta de las obligaciones internacionales del Estado y representa además un desconocimiento de la lucha histórica de las mujeres en Chihuahua para hacer visible las condiciones de discriminación que encuentran su máxima expresión en que sean asesinadas por el hecho de ser mujeres.
Sobre la incorporación de los Centros de Justicia a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, el Movimiento de Mujeres tampoco está de acuerdo y también pide a la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado de Chihuahua que no incluya esta reforma en su dictamen.
En contraparte, el Movimiento Estatal de Mujeres solicita al Congreso del Estado aprobar la iniciativa que tiene desde hace meses para que los Centros de Justicia para las Mujeres de Chihuahua se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado que cuenta con el nivel de Secretaría, esto de conformidad a la política nacional, para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica propia.
El Movimiento recuerda que los Centros de Justicia para las Mujeres son una política pública que hoy se reconoce como de prioridad nacional por el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encaminada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Mantener los Centros de Justicia como unidades administrativas implica una dependencia respecto de su administración, organización y funcionamiento.
Existen opiniones concretas sobre los Centros de Justicia de Chihuahua para que se descentralicen y dejen de ser una unidad administrativa, con la finalidad de concentrar, bajo un mismo techo, servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, indica el Movimiento Estatal de Mujeres.
Las ocurrencias de la nueva mandataria son las mismas que se tuvieron en Jalisco hace algún tiempo cuando se decidió desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Los retrocesos a los derechos humanos de las mujeres transitan entre las ocurrencias y la ignorancia misógina.
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