Guadalajara, Jalisco.- Esther Nuño Nuño y Sergio Orozco Oseguera interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del estado, por supuesto tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, luego de que el funcionario estatal presuntamente interviniera en un litigio sobre despojo de terrenos.
De acuerdo con los denunciantes, Solís Gómez “mandó pedir la carpeta de investigación por conducto del servidor público de la Fiscalía de nombre Jaime González Navarro, y fue la número 115940/2019 para guardarla en un cajón, o dicho de otra manera, meterla a la congeladora, la cual venia por desglose de la Fiscalía General de la República al haberse detectado delitos del fuero común, lo que obstaculiza la averiguación por fraude procesal que iniciamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco”.
Explican que los hechos se remontan al pasado 16 de diciembre, luego de que el Ministerio Público solicitara la audiencia de pedimento de orden de aprehensión en contra del abogado Francisco Javier Ochoa Reynoso, apoderado legal de Banorte en el Jalisco, Janett Aguilar López y Marco Antonio Peláez de León, “por el delito de fraude procesal al haber presentado documentos falsos ante jueces de distrito y obtener sentencias favorables” en el caso de despojo.
“Luego, la Fiscalía General de la República los investigó y demostró que efectivamente exhibieron documentos con firmas falsas”, abunda un boletín de prensa difundido por Orozco Oseguera.
Mencionan también que detectamos “Marco Antonio Peláez de León es hijo de la juez Décimo Primero de lo Penal Gabriela Guadalupe De León Carrillo, por lo que presumimos que se configura el
delito de tráfico de influencias, ya que la citada juez tiene una relación muy cercana con el fiscal”.
“Por ello, sostenemos, con las pruebas en la mano, que Solís Gómez, ordenó que dicho oficio fuera retirado por conducto del Licenciado Jaime González Navarro, a pesar de haber sido ya judicializado y dispuso que permaneciera en su oficina”.
Señalan como cómplices de Solís Gómez a Gabriela Leticia Solano González , agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo Quinto de Control de Oralidad; a Jaime González Navarro director general de Control de Procesos y Audiencias, y a María de Lourdes Olivares Hernández, directora de Amparos y Agravios de Segunda Instancia y Procedimientos de Extinción de Dominios. Todos integrantes de la Fiscalía.
La queja de los denunciantes también fue expuesta ante el Senado de la República, turnándose a la Comisión de Seguridad Pública “para su análisis y aplicación de las sanciones legales correspondientes”.
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