Por: Eduardo Esquivel Torres
Sábado 22 de marzo de 2025.- El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) no cumple con las directrices para amortiguar los riesgos a la salud de la población, además de no respetar la restricción de más asentamientos en un radio de al menos un kilómetro alrededor de los basureros Los Laureles, Matatlán y Cajititlán, critica José Carlos Rodríguez Toral, integrante del Observatorio Sobre Conflictos Socioambientales.
En cuanto a los posibles impactos ambientales a consecuencia de la mala planeación del POTmet hace referencia en algunos de ellos, tal es el caso del crecimiento de más espacios para vivienda e industria en zonas ya impactadas por la contaminación, como son los propios basureros, las inmediaciones del Río Santiago, la zona de carretera a Colotlán en Zapopan o Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco.
Además, menciona otros aspectos negativos del POTmet al ignorar decretos como la declaratoria del Polígono de Fragilidad Ambiental en las zonas ya afectadas por la contaminación al sur de la ciudad y promueve más crecimiento de la urbe en esos espacios, además hace caso omiso a recomendaciones de instancias de derechos humanos (CEDHJ, CNDH e incluso CIDH).
En su análisis detallado de las consecuencias adversas del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el integrante del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales explica otros impactos múltiples, por ejemplo el incremento de población en zonas de degradación ambiental, mayor contaminación del aire y agua, además de más presión por recursos hídricos en áreas que actualmente ya presentan escasez de agua o el abatimiento de acuíferos como el de Toluquilla que es el más sobreexplotado del AMG, debido a la impermeabilización de más espacios de infiltración y mayor riesgo de inundaciones.
Ante este contexto nada halagador para la población en general, José Toral expresa una alternativa viable; revertir y reponer el proceso de consulta pública ante la baja convocatoria y difusión que hubo del ejercicio y el rechazo de las observaciones que oportunamente presentaron pobladores afectados por la expansión de la ciudad.
Referente a la postura del Poder Judicial, instancia involucrada por existir amparos por parte de la Asamblea de Pueblos en Resistencia contra el POTmet, Rodríguez Toral expresa la importancia de tomar en cuenta los argumentos presentados, particularmente por parte del juez séptimo de distrito en materia administrativa del tercer circuito, Agustín Archundia Ortiz, quien de forma arbitraria ha desestimado las pruebas presentadas por las comunidades de Juanacatlán, Tonalá y Tlajomulco.
