Miércoles 08 de febrero de 2023.- Para retrasar la entrega de oficinas al Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF Guadalajara (SIDEDIF), quienes fueron despojados desde octubre de 2021 luego de 14 años en esas instalaciones, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, prepara una artimaña jurídica, donde se habla de cambio de jueces en el caso e incluso de amenaza contra la líder Martha Elia Naranjo.

Óscar Díaz Torrejón, abogado del SIDEDIF, explicó que para cumplir con las instrucciones de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal, este jueves 9 de febrero a las 11:3 horas en Puente Grande, habrá de efectuarse la audiencia ordenada a la autoridad judicial del estado de Jalisco, en el litigio donde el SIDEDIF fue despojado.

Denunció que la estrategia del alcalde de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro y la directora del DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas Salomón, fue abrir una carpeta de investigación 73905/2021 el 14 de octubre del 2021, con la complicidad del Juez Décimo Sexto Especializado en Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes Gildardo Joel Landeros Parra, para despojar al SIDEDIF de las oficinas, con el argumento de que la dirigente sindical se había apropiado indebidamente de las instalaciones, “ingresando a ellas de manera furtiva”, según declaraciones de Vargas Salomón.

“De esta manera arbitraria y sin darle el debido derecho de audiencia y defensa a Naranjo Sánchez, la noche del viernes 15 de octubre del 2021, los abogados del DIF Guadalajara coordinados por Diana Vargas y con la presencia de la policía municipal, saquearon las oficinas del SIDEDIF y de esa manera se apoderaron del inmueble que por 17 años había sido la sede del Sindicato Democrático de los Sistemas”.

Martha Elia Naranjo solicitó el amparo (719/2021-V) y la protección de la justicia federal, en donde se le concedió la suspensión provisional, la suspensión definitiva y tras retrasar la audiencia constitucional, tuvo que intervenir un Tribunal Colegiado que de manera unánime emitió una sentencia definitiva.

En ella el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia definitiva emitida por este juzgado federal, en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que el juez Décimo Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, realice:

1.- Señale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de control judicial, respecto a la petición que formuló Diana Berenice Vargas Salomón. En donde deberá citar, aparte de la promovente, también a la quejosa Martha Elia Naranjo Sánchez.

2.- Al momento del desahogo de la audiencia, dejar insubsistente la restitución provisional de la posesión del inmueble a favor de Diana Berenice Vargas Salomón, decretada el 14 de octubre del 2021.

Hasta ahí, todo indica que al SIDEDIF se le debería restituir el bien inmueble que le fue arrebatado ilegalmente, sin embargo, tanto el alcalde de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, así como la directora del DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas Salomón, han movido sus influencias y preparan una nueva “leguleyada”, señaló el abogado.

Se mandó de vacaciones al Juez Décimo Sexto Especializado en Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, Gildardo Joel Landeros Parra y se designó a Javier García Muñoz, Juez Octavo Especializado en Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, ambos adscritos al Primer Distrito Judicial, para atender la instrucción del Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.

El Juez Javier García Muñoz tiene recursos legales en su contra interpuestos por el abogado representante del SIDEDIF, Óscar Díaz Torrejón, “por lo que legalmente debería de excusarse de convocar y de presidir esta audiencia”.

Además, Pablo Lemus le manda advertencia, que se podría calificar como amenaza, a Martha Elia Naranjo: “Se hace de su conocimiento que los elementos de la Policía Procesal, estarán constituidos en estas instalaciones con una hora de anticipación a la fecha y hora señaladas para la audiencia y su actuación se habrá de ceñir a la luz de los protocolos autorizados para el ejercicio de sus funciones”.