Ciudad de México-. Diputados de Morena elaboraron un proyecto de dictamen con el fin de homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios de personas morales, así como evitar la evasión fiscal de personajes como el abogado Diego Fernández de Cevallos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz confía en que el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos se presente al pleno de la Cámara de Diputados previo a que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues se prevé que sea dictaminada durante estos días por la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Con dicha ley buscan dar certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles, y que también sea una herramienta para combatir la evasión de impuestos.

Frente a ello, Alavez Ruiz subrayó que prevén hacer un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país, ya que administraciones pasadas dejaron que se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real.

“[Eso] aunado a la corrupción, permitió que por ejemplo muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de terrenos por esta deficiencia y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien debe por lo menos 900 millones de pesos por adeudos al predial desde 1993”, afirmó la legisladora.

Algunos de los objetivos de la ley son homologar criterios, establecer mejores prácticas y aprovechar nuevas tecnologías de la información.

“Pasar de la máquina de escribir y papel carbón a la digitalización de los expedientes porque, aunque parezca increíble, en muchas oficinas regionales todavía trabajan así. Es decir, vamos a pasar del papel a la digitalización”, añadió.

En el pre-dictamen buscarán que cada gobierno plantee los criterios y datos básicos a considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de los predios.

También, plantean que a través de la ley puedan identificar el inmueble, conocer su ubicación y uso para los diferentes propósitos de la administración pública, tales como prestación de servicios públicos, planeación, desarrollo urbano y regularización de la tenencia de la tierra.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones de inmuebles, el equivalente al 50% de lo que tiene censado.

“Esto ha permitido, como ya dije, una millonaria evasión de impuestos”, insistió la diputada.

Recalcó que la ley no busca emitir criterios para la recaudación del impuesto predial, la cual es una facultad constitucional de los municipios, además de que la norma no podrá influir en la forma en que se fijan las tablas de valores unitarios del suelo.

“Aspiramos construir un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del estado de derecho, que homologue criterios, mejore prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de desarrollo entre las distintas regiones del país”, expresó.

Con información de El Universal