Por: Eduardo Esquivel Torres
Lunes 30 de marzo de 2026.- Bajo el argumento de una grave carencia de especialización técnica en una de las áreas más críticas para la entidad, la Contraloría Ciudadana Independiente presentó este lunes un amparo indirecto contra el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. El recurso legal impugna la designación del Ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda como titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La organización civil sostiene que el currículum de Jáuregui Castañeda no acredita la experiencia necesaria en materia de recursos hídricos, potabilización y saneamiento, conocimientos que consideran indispensables para gestionar la actual crisis hídrica que azota al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
El amparo fue interpuesto con un enfoque de derechos humanos, solicitando la protección de la justicia federal específicamente para sectores de la población con mayor riesgo: niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Según la Contraloría, la designación de un perfil sin la especialización adecuada pone en riesgo el acceso constitucional a un agua de calidad, agravando la situación de estos grupos frente a la escasez y la turbiedad del recurso.
El nombramiento de Ismael Jáuregui ocurrió apenas el pasado 23 de marzo de 2026, cuando Pablo Lemus anunció el relevo de Antonio Juárez Trueba. La decisión se tomó tras semanas de intensas protestas sociales y señalamientos de especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes documentaron la presencia de bacterias y sedimentos en el agua de más de 400 colonias.
Jáuregui Castañeda, quien anteriormente fungió como director de Obras Públicas en Zapopan, fue presentado por el Ejecutivo como una pieza para el “rescate” del organismo. No obstante, desde su anuncio, voces expertas como el investigador, Arturo Gleason, han advertido que el perfil del funcionario es meramente administrativo y de obra civil, careciendo de la formación técnica hídrica necesaria para enfrentar una “emergencia biológica” y un sistema hidráulico al borde del colapso.
Con este amparo, la Contraloría Ciudadana Independiente busca que el Poder Judicial de la Federación determine si la designación cumplió con los estándares de idoneidad que exige el derecho humano al agua, o si se trató de una decisión política por encima de la seguridad sanitaria de los jaliscienses.
