Por: Eduardo Esquivel Torres
Bajo la premisa de que el transporte público debe ser un derecho humano y no un negocio particular sostenido con recursos del erario, se presentó en el Congreso local la iniciativa “Rescate al Transporte Público”. El proyecto propone una reforma de fondo para extinguir progresivamente el sistema de concesiones y que el Estado asuma el control total de la operación, planeación y evaluación del servicio.
La propuesta diagnostica que el modelo actual, fragmentado en 238 concesiones y 332 rutas, ha llegado a su límite estructural, fallando en ofrecer un servicio digno. La reforma plantea una transición estratégica: no se renovará ningún contrato de concesión al finalizar su vigencia. En su lugar, las rutas serán recuperadas por el Gobierno de Jalisco para ser operadas directamente.
Para lograrlo, la iniciativa contempla la creación del Sistema Público de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco, un Organismo Público Descentralizado (OPD) que centralizará la toma de decisiones, eliminando la dispersión operativa que hoy afecta principalmente al Área Metropolitana de Guadalajara.
Uno de los puntos más disruptivos de la reforma es la modificación del Comité Técnico Tarifario. La propuesta busca excluir a empresarios y concesionarios de este organismo, integrando en su lugar a usuarios, colectivos ciudadanos, universidades y sindicatos. Con esto, se pretende que futuros ajustes a la tarifa —como el reciente incremento de 9.50 a 11 pesos— dejen de ser decisiones unilaterales que no garantizan mejoras en seguridad o frecuencias.
El diagnóstico legislativo revela una cifra alarmante: en los últimos ocho años, los concesionarios han recibido 4 mil 685 millones de pesos en subsidios públicos sin que exista una mejora proporcional en la calidad del servicio.
La iniciativa no solo se enfoca en el usuario, sino que también busca poner fin a la precariedad de los choferes. El nuevo modelo estatal propone:
Eliminar el ingreso basado en el número de pasajes (el fin de la “guerra por el centavo”).
Garantizar prestaciones de ley, certeza laboral y reconocimiento de antigüedad.
A partir de 2030, cualquier unidad que cumpla su vida útil deberá ser sustituida obligatoriamente por vehículos eléctricos, híbridos o de gas natural.
Esta propuesta es impulsada por el bloque de diputados integrado por Tonantzin Cárdenas, Candelario Ochoa, Itzcóatl Tonatiuh Bravo, Leonardo Almaguer e Itzul Barrera. Al respecto, la diputada Cárdenas enfatizó que cada peso entregado a concesionarios sin condiciones claras es un recurso perdido para la mejora real del servicio.
Con este proyecto, el Congreso de Jalisco abre la puerta a un debate histórico sobre la desprivatización de la movilidad, priorizando el acceso al trabajo y la educación por encima de la rentabilidad empresarial.
