Por: Eduardo Esquivel Torres
Miércoles 9 de julio de 2025.- Con la finalidad de hacer frente a la grave problemática social en Jalisco, se presentó en el Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Atención de Víctimas del Estado, el cual consta de 50 acciones.
Entre los cambios principales de esta reforma dada a conocer por la legisladora, Tonantzin Cárdenas, de Futuro, están: reconocer como víctimas no sólo a las personas directamente afectadas por un delito o una violación a derechos humanos, sino también a sus familiares, comunidades u organizaciones enteras (víctimas colectivas).
También se establece tomar en cuenta las particularidades de cada víctima y las condiciones que profundizan su vulnerabilidad (edad, género, etnia, discapacidad, orientación sexual, situación socioeconómica, además del derecho a preservar la memoria histórica sobre los hechos victimizantes, así como a procesos simbólicos de duelo y dignificación.
De igual manera, reparación como un proceso integral que incluye: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación. No se limita a un pago económico, así como las víctimas pueden participar activamente en las investigaciones, procesos judiciales, acciones de búsqueda, construcción de políticas públicas y mecanismos de evaluación institucional.
A decir de la diputada futurista, en la reforma se garantiza que todos los servicios, procedimientos, trámites, asesorías jurídicas y peritajes para víctimas sean completamente gratuitos, y todo el personal involucrado en la atención a víctimas deberá recibir formación obligatoria en derechos humanos, perspectiva de género y enfoques diferenciales.
El Estado deberá garantizar que toda persona pueda acceder de forma clara y oportuna a los lineamientos, criterios de acceso, presupuesto asignado y funcionamiento de la Ley y sus mecanismos y se prevé la creación de oficinas regionales y equipos especializados para garantizar atención en municipios y regiones históricamente desatendidos.
De igual manera, establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que incluirán la participación activa de colectivos de víctimas, organizaciones sociales y academia, además de reconocer como víctimas a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colectivos de búsqueda y comunidades organizadas, protegiendo su labor y garantizando su participación.
