Antes de un subsidio, alianza o apoyo económico a los propietarios del transporte urbano, el gobierno de Jalisco está obligado a transparentar y hacer público quiénes son los dueños de cada una de las unidades, sostiene Ignacio Román, doctor en Economía y catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
En primer lugar, se debe “revisar quiénes están metidos realmente en el asunto del transporte; se necesita un trabajo muy delicado”, dice a Partidero.
El lunes 25 de febrero el ejecutivo estatal, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el Nuevo Modelo Integrado de Movilidad, llamado “Mi Movilidad”, en el que se prevé un subsidio de hasta 300 millones de pesos para el sistema de pago electrónico en las unidades del transporte urbano.
Román se pronuncia a favor de los subsidios y de las alianzas conocidas como público-privadas (PP), pero desaprueba la manera en que se aplicaría, “tendría que haber otra lógica distinta”, señala.
“No nada más es decir te doy dinero, sino crear un esquema que genere eficiencia, que no genere un encarecimiento a la población. Al mismo tiempo, establecer una mejora financiera para los pequeños propietarios, no por el lado de sus ingresos, sino por la reducción de sus costos. Creo que ese sería un esquema interesante, pero no veo una iniciativa por ese lado”, expresa.
El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, dice que el subsidio de 300 millones de pesos sería a fondo perdido; el apoyo podría ser de hasta 80 mil pesos por unidad para quien lo solicite; se entregaría directamente a los proveedores, que hoy en día únicamente hay 4, publicó Mural el 26 de febrero.
–Serían 80 mil pesos por camión, ¿por qué?
–Esas alianzas, en donde más deberían darse es con los que exponen pocos recursos y no para con los grandes corporativos que ya tienen todo. Habría mayor eficiencia y mejor salud financiera en el servicio.
Agrega Román que sería conveniente una alianza PP con los pequeños transportistas –quienes tienen uno o hasta tres camiones–, para crear esquemas de compras al mayoreo, como se manejan quienes tienen varias flotillas de camiones.
Que el gobierno de Jalisco “pudiera disponer de algunas gasolinerías que den servicio exclusivo a los autobuses; que ahí se dé el subsidio, pero no propiamente al dueño del transporte sino al precio de la gasolina, es decir, la gasolina, el diesel, el gas o lo que utilicen sea más barato, fundamentalmente para los pequeños empresarios. Dicho así, el subsidio podría ser más eficiente”, propone.
–¿Usted no está en contra de subsidios ni de las alianzas PP, sino de cómo se aplicarían?
–Para mí es lo más importante.
–Entonces, en primera instancia que se haga pública la lista de los dueños del transporte. Se dice que hay prestanombres.
–Es ahí en donde se requiere una verdadera investigación, que va más allá del puro registro administrativo; porque si existen prestanombres, se les va a subsidiar por eso, por ser prestanombres, no por ser tontos. Eso no se va a reflejar (el listado de nombres) de manera obvia en un registro contable inicial; se necesita una vigilancia fiscal y financiera clara para saber lo que realmente está ocurriendo.
558 millones
En enero de 2009, el gobierno de Emilio González Márquez otorgó un subsidio por 258 millones de pesos a los transportistas, a cambio de que la tarifa por usuario no subiera de 5 pesos.
Dicha cantidad se otorgó en un periodo de seis meses, es decir, 43 millones de pesos al mes. El argumento para subsidiar fue para evitar dañar a la economía de las familias jaliscienses.
De concretarse el subsidio por 300 millones de pesos anunciado en la presentación de “Mi Movilidad”, los transportistas de Jalisco habrán recibido 558 millones de pesos en un lapso de 10 años.
Ante la falta de rendición de cuentas, el gobierno estatal debe ser corresponsable, no únicamente regulador o vigilante, señala Ignacio Román. “No es solamente ‘ahí va tanta lana’, sino implementar un mecanismo que reduzca costos, mejore la eficiencia y permita al mismo tiempo una supervisión del sistema en su conjunto.
Ruta empresa
El esquema de ruta empresa que sustituiría al hombre camión, se planteó sin éxito durante la administración del exgobernador Emilio González Márquez. En ese entonces, Diego Monraz Villaseñor era el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte.
Fue durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval quien dejó, a través de la Secretaría de Movilidad, cuatro rutas troncales, de doce que se programaron.
En la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez, regresa Diego Monraz a la ahora llamada Secretaría de Transporte.
La clave en el esquema ruta empresa “es que exista una forma de organización que evite el enriquecimiento de unos y dejar en condiciones complicadas para otros muchos”, dice Ignacio Román.
–Durante la presentación de “Mi Movilidad”, el gobernador dijo enfático que él no tiene negocios en el transporte.
–Pero la bronca no es personal; es decir, no es si tiene negocios o no en el transporte, la bronca es que el sistema de transporte no funcione a través de un mecanismo en el cual el señor Juan Pérez, sea quien sea, es el que controla el sistema por debajo del agua, o el que controla los mecanismos de presión… Lo que verdaderamente importa es que no haya una toma de decisiones pública que termine siendo favorable a intereses privados.
Ignacio Román manifiesta que lo factible es una estructura profunda, que garantice realmente el servicio público como tal y no solamente como un negocio. “Como negocio es perfectamente lícito, el problema es que se trata de un negocio que puede paralizar a la ciudad”, advierte.
