Lunes 24 de junio de 2024.- Será el próximo 27 de junio cuando arranquen una serie de foros y asambleas informativas para analizar la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. 

El senador electo de Morena, Carlos Lomelí Bolaños informó que en dicho ejercicio participarán legisladores y ediles, actuales y electos. 

Ellos serán los responsables de informar en sus respectivas demarcaciones de las bondades de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La campaña de socialización busca, dijo Lomelí Bolaños, combatir la desinformación que de este tema ha hecho la oposición.

En el caso de las asambleas, Lomelí Bolaños especificó que arrancarán a partir de julio próximo en las que legisladores y ediles actuales y electos darán a conocer las bondades de dicha reforma constitucional.

La falta de verdadera independencia en la administración de justicia ha sido una de las principales causas de la desigualdad en México.

Lo anterior, ha generado un profundo distanciamiento entre la sociedad y las autoridades jurisdiccionales, afectando gravemente la credibilidad y legitimidad de nuestros tribunales.

“Nuestro objetivo es claro y ambicioso: reconfigurar el sistema judicial mexicano”, dijo el Senador electo, quien agregó la necesidad de asegurar la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales.

Explicó que una bondad de la iniciativa de reforma constitucional es que los recursos públicos del Poder Judicial de la Federación se administrarán bajo criterios de austeridad.

De esta manera, se reducirán de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ajustando sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepciones.

Sobre esto, informó que el sueldo bruto mensual del ministro o ministra que preside esta institución es de 309,126.03 pesos, mientras que el que percibe el Presidente de México es de 186,093 pesos.

Asimismo, se propone eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y el periodo de su encargo se reducirá de 15 a 12 años.

“Estamos buscando una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal, con elecciones populares para ministros, magistrados y jueces, asegurando legitimidad democrática”.