Para muchos, el Centro de Readaptación Social (Cefereso) 2, o simplemente Puente Grande (poblado en el que está ubicado), era asociado con una cárcel de máxima seguridad, hasta que tras el escape de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, ocurrido el 19 de enero de 2001, comenzó a conocérsele como “Puerta Grande”.
Hablar de lo que fue Cefereso 2, en el municipio de El Salto, en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, es sinónimo de corrupción.
Infinidad de historias y leyendas se cuentan de lo que sucedió en este centro penitenciario, que resultó ser un gran negocio para algunos. Desde custodios, administrativos, directivos y, por supuesto, juzgadores, así como sus propios equipos “de trabajo”, que en algunos casos se reportaban con sus padrinos políticos.
En general, el Cefereso 2 siempre albergó a criminales de importante nivel.
El inmueble fue inaugurado en 1993 y su capacidad para recluir rondaba los 724 internos, aunque hasta días antes de sus cierre, resuelto en días pasados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contaba con 376, previa evacuación de reos peligrosos que se llevó a cabo a principios de julio.
Sí, las maniobras para el cierre total de la cárcel comenzaron hace un par de meses.
Nadie se percató de lo que se pretendía en ese momento, al trasladar a 400 reos de alta peligrosidad de Puente Grande a otras cárceles federales del país.
En su momento, el pretexto dado por la autoridad federal fue el mal manejo de la epidemia de Covid-19 al interior de Puente Grande. Sin embargo, también corrieron fuertes rumores de que se estaba fraguando una posible fuga Y algunos traslados fueron tachados de ilegales. Nadie se percató que desde ese momento que se estaba llevando a cabo un operativo con la intención de cerrar definitivamente la cárcel.
A nadie se le informó ─ni al mismo gobernador de Jalisco─, quien dijo haberse dado cuenta por los medios de comunicación.
Y es que, en mi opinión, el gobierno federal efectuó su logística de manera impecable, ya que si se hubiese generado alguna fuga de información, lo más probable es que se podía haber frustrado el traslado de reos, y, por consiguiente, el cierre de Puente Grande, lo cual era ya una decisión tomada.
Imagine usted si dicha noticia era conocida por las autoridades de Jalisco, que con buena o mala intención podrían filtrar la información. Sin duda las manifestaciones en contra de la maniobra no se harían esperar: familiares de los reos, custodios, abogados, comerciantes, por mencionar algunos, resultarían afectados en sus intereses laborales, económicos y afectivos.
Por ello, la logística se llevó a cabo de manera exitosa. Y es que queda claro, el gobierno federal no confía en las autoridades de Jalisco, ya que son muchos los intereses arraigados. Aunado a las rencillas que se traen el presidente de México y el gobernador jalisciense.
Los problemas (si les podemos llamar así) que se vivían en el Cefereso 2 eran conocidos por propios y extraños: el autogobierno, que salpicaba recursos económicos para todos los ligados; el hacinamiento, ya que la sobrepoblación hacía imposible la reinserción de las personas que estaban siendo procesadas o pagando su condena; la corrupción galopante, de la cual se enriquecieron por décadas gobiernos sin escrúpulo; las riñas, en las que había de todo, desde armas blancas hasta armas largas y los privilegios para algunos reos que podían pagar sus lujos y servicios de protección.
Probablemente el gobierno federal no quiso pagar el costo de otra fuga de un Cefereso, en un estado donde la delincuencia organizada está dictando las reglas.
