17 de mayo de 2022.- El pasado 12 de mayo el Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, con el argumento de “acrecentar el desarrollo económico y la creación de infraestructura, bienes y servicios para la población”.
Según el proyecto, con dicha reforma, se integra un Comité de Adjudicaciones; se amplían los tiempos de pago; se reduce la participación del sector privado en las obras a un 35 por ciento y se crea un Consejo de Evaluación y Seguimiento, supuestamente para garantizar la realización adecuada y conclusión de las obras.
Sin embargo, a decir de la fracción de Hagamos, la diputada Mara Robles Villaseñor cuestionó que con esta reforma, se flexibilizarán los trámites a las empresas y abre la posibilidad a la contratación de una nueva deuda y encarecimiento de los proyectos.
Un posicionamiento que ahora avala el partido Hagamos, al señalar que se oponen a que el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez “continúe endeudando a Jalisco, ahora a través de la reforma a la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios (PIPS), que gestaron a espaldas de la sociedad y que ahora van a aplicar a modo para llevar a nuestra entidad a un peor momento de endeudamiento público”.
A través de un comunicado el partido indicó que las circunstancias en las que la iniciativa fue votada “respondió principalmente para darle preferencia a la construcción de la línea 4 del tren ligero y por consecuencia la contratación de una nueva deuda. Lo pernicioso de la nueva ley no es que la línea 4 esté por venir, sino la desaparición de requisitos mínimos, como la oferta no solicitada y un contrapeso natural que vigile cada uno de los proyectos”.
Explicó que el gobierno de Jalisco cuenta con suficiente recurso, gracias a la recaudación del impuesto sobre la nómina y al aumento de presupuesto por 25 mil millones más desde 2018, para echar a andar la L4 con mano propia “sin necesidad de contratar esquemas financieros que llevarían 30 años pagar, con grandes sumas de intereses, además de toda la deuda que ya arrastramos”.
Con estas reformas se pierde el que la Ley PIPS cuide verdaderamente los intereses de la población “y que pusiera un freno a los casos de corrupción tan normalizados, con contrapesos y que evitará abusos, pero también que incentivara a la iniciativa privada para fortalecer su participación en la vida pública”, señala Hagamos.