Trabajo en la Red Lésbica Cattrachas y, a veces, siento que mi labor consiste en hacer lo que el Estado no hace: contar a nuestras muertas y muertos. Nombrarles. Registrar lo que otros quieren olvidar.
Desde el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI hemos documentado, desde 1994, más de seiscientas muertes violentas de personas diversas en Honduras. Detrás de cada número hay una historia: una mujer trans asesinada en la vía pública, un joven gay hallado sin vida en su casa, una lesbiana atacada con saña, una persona trans cuyo cuerpo aparece con signos de tortura.
Lo más doloroso no es solo la violencia. Es la impunidad.
Los datos que hemos sistematizado durante años muestran que alrededor del 95 % de estas muertes siguen sin sentencia firme. Es decir, en la gran mayoría de los casos, nadie responde ante la justicia por matar a una persona LGBTTI en Honduras. No hay investigación diligente, no hay enfoque de prejuicio, no hay justicia.
La impunidad manda el mensaje más cruel: nuestras vidas no importan.
Recuerdo revisar expedientes donde los crímenes fueron clasificados como “pasionales”, como si el odio pudiera romantizarse. Recuerdo acompañar a familias que ni siquiera saben en qué etapa está el proceso judicial. Recuerdo la sensación de rabia cuando vemos cómo pasan los años y el caso simplemente se archiva.
Uno de los casos más emblemáticos que marcó nuestra historia fue el de Vicky Hernández, asesinada en 2009 durante el contexto del golpe de Estado. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Honduras por la falta de investigación con enfoque de prejuicio y por la violencia estructural contra las mujeres trans. Esta sentencia fue histórica: reconoció que el crimen ocurrió en un contexto de violencia generalizada y discriminación sistemática contra las mujeres trans. Pero también fue una excepción en un mar de silencio judicial.
Porque la regla sigue siendo la impunidad.
Y más recientemente, el caso de Leonela Zelaya volvió a desgarrarnos y a evidenciar, sin ningún margen de duda, la brutalidad sistemática que enfrentan las mujeres trans en este país. Leonela no solo fue asesinada: fue torturada en múltiples ocasiones antes de que le arrebataran la vida. Su cuerpo fue convertido en territorio de castigo.
Pero la violencia no empieza con el asesinato. Empieza mucho antes. Empieza con las detenciones arbitrarias en las calles, con los retenes policiales donde se les exige a las mujeres trans “explicar” su identidad, con los golpes dentro de las patrullas, con las burlas, con las amenazas de “llevarlas por escándalo público” solo por existir. Empieza cuando la autoridad utiliza su uniforme como herramienta de humillación y control.
Las detenciones arbitrarias contra personas trans en Honduras no son hechos aislados; han sido prácticas reiteradas que buscan disciplinar, castigar y recordar quién tiene el poder. Muchas veces implican violencia física, despojo de pertenencias, agresiones sexuales, extorsión o la negativa a registrar denuncias. Y cuando una mujer trans aparece asesinada, ese crimen no surge de la nada: es la escalada de una cadena previa de violencia institucional tolerada.
El cuerpo de Leonela, como el de tantas otras, habló del ensañamiento. Habló del odio estructural que se ensaña con quienes desafían el mandato de género. Habló de un mensaje ejemplarizante dirigido a toda una comunidad: “Esto les puede pasar por existir”.
Y eso es lo que más duele: que no se trata de hechos aislados. Se trata de violencia disciplinadora, de un sistema que primero detiene, luego humilla, después tortura y finalmente mata. Leonela no fue solo una víctima individual; fue parte de una pedagogía del terror contra las mujeres trans en Honduras.
Nombrarla es resistir. Documentar las detenciones arbitrarias es desmantelar la impunidad. Recordarla es desobedecer el silencio que el Estado ha intentado imponer.
La sentencia en su caso marcó un precedente importante al reconocer la responsabilidad estatal en la falta de protección y en las fallas investigativas. Sin embargo, incluso cuando hay condenas, estas no logran revertir el daño estructural ni devolver la vida arrebatada. Son avances jurídicos que contrastan con una realidad donde la mayoría de los expedientes siguen estancados.
Cuando hablamos de más de 600 muertes violentas no hablamos de hechos aislados. Hablamos de una violencia sistemática que se ensaña particularmente contra personas LGBTTI, contra quienes viven en territorios marcados por el crimen organizado y la exclusión social.
En nuestro trabajo no solo contamos cuerpos. Analizamos patrones: el uso excesivo de fuerza, la exposición pública de los cuerpos, la brutalidad como mensaje. Hay odio. Hay intención. Hay prejuicio. Pero pocas veces se investiga como tal.
A veces me preguntan por qué seguimos documentando. ¿Para qué contar si no hay justicia?
Seguimos porque la memoria también es una forma de justicia. Porque cada registro impide que el crimen se borre. Porque nombrar es resistir. Porque algún día, cuando el Estado quiera decir que no sabía, nuestros informes estarán ahí.
Trabajar en Cattrachas me ha enseñado que la lucha por la vida de las personas LGBTTI no es abstracta. Es concreta. Es urgente. Es cotidiana. Y mientras el 95 % de las muertes sigan en la impunidad, nuestra labor seguirá siendo incómoda, persistente y necesaria.
No pedimos privilegios. Exigimos lo mínimo: que no nos maten.
Y si nos matan, que haya justicia.
Y hasta que eso ocurra, seguiremos contando.
Alex Izán Hernández
Coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género
Red Lésbica Cattrachas
alexizanhn@gmail.com
www.cattrachas.org
