Por: Eduardo Esquivel Torres
Sábado 7 de marzo de 2026.- Ante la decisión del Gobierno del Estado de Jalisco de dar marcha atrás a la obligatoriedad de obtener la tarjeta única de pago para el transporte público y obtener un descuento a partir del primero de abril, la única opción que le resta es renegociar con la Empresa Broxel a fin de no ser penalizado porque todo contrato lo tiene, por lo general, sostuvo el profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Antonio Sánchez Sierra.
Fue el 5 de marzo cuando el gobernador, Pablo Lemus Navarro, informó que ya no será obligatoria obtener la tarjeta única de pago y que todos por igual o tendrán derecho a pagar solamente 11 pesos y no los 14 que se tenían contemplado por cada viaje y a la vez se respeta el descuento de cinco pesos para los estudiantes.
Esta renegociación, dijo Sánchez Sierra, es obligatoria para que el gobierno estatal no pague una cantidad aún incierta (si es que lo estable) toda vez que hay opacidad en las condiciones en que fue firmado el contrato pues sólo basta imaginar la gran inversión que hizo la empresa para vender las tarjetas y ahora que no será obligatorio, difícilmente se venderán las establecidas en el contrato.
Cabe mencionar que la administración estatal firmó para la emisión de un mínimo de 1.5 millones y hasta un máximo de 5 millones de tarjetas y el gobierno está obligado a comprar un mínimo del 40%, equivalente a 5 millones de servicios.
Por lo general, en este tipo de contratos por la cantidad del monto de la inversión que se realiza “ imagínense hacer 10 millones de tarjetas pues cuánto cuesta, bastante dinero” y si no se cumple con el contrato pues se tendrá que pagar el monto de esa cantidad, añadió.
“O bien, operar el sistema opcionalmente para que las personas que tengan la tarjeta y
la quieran utilizar la utilicen de manera opcional. Esas son las situaciones que técnica y jurídicamente podría podría enfrentar el gobierno del estado” subrayó el investigador universitario.
“ El incumplimiento en qué consiste, cuestionó Antonio Sánchez, “bueno en que yo soy Broxel meteré una cantidad de dinero meto mis registros en la comisión nacional bancaria de valores y es obvio que la inversión que yo realice en caso de que se cancele se me tiene que resarcir. Cuánto, no lo sabemos”.
Lo poco que se sabe sobre el acuerdo, es que se estableció un pago de 5.45 pesos con IVA incluido por cada tarjeta activa mensualmente y fue una adjudicación tras una licitación pública nacional (690/2025), al ser la única empresa que mostró interés.
“Imagínate hacer un mínimo base de tarjetas hacer 5 millones de ellas y me la cancelan tener que pagarlas, más la aplicación, más el call center que opera, más los costos en bancos por la dispersión de recursos, más el costo que tiene de supervisión, pues no sé de cuánto sería, pero no sería nada barato”.
Sin embargo, el investigador universitario reiteró que lo expresado en este asunto son hipótesis jurídicas porque existe opacidad en cuanto a las condiciones del contrato.
El gobierno sí sabe por supuesto lo que nos va a costar el renegociar y sí vale la pena, externó Sanchez Sierra, preguntarle de cuánto es, en concreto, la penalización por rescindir por parte del gobierno del estado el contrato con Broxel, salvo que negocien alguna cuestión que nosotros no sepamos que se utilice para otros esquemas puede ser para pensiones, vales de despensa.
Añadió que esta empresa trabaja con la universidad de Guadalajara y con la Ciudad de México “y lo que hemos visto es que tiene muy mala reputación que digo malo porque malo es que no atiendan al público que la aplicación no sirva las quejas recurrentes ante la Condusef tiene bastantes quejas desafortunadamente”.
El investigador universitario del CUCEA sostuvo que por experiencia técnicamente hablando, en este tipo de contratos existen cláusulas de penalización por rescindir o no utilizar el servicio, “pero de que va a haber una penalización va a haber una porque porque quien lo canceló unilateralmente es el gobierno del estado”.
Se sabe que la CONDUSEF reprobó a Broxel en el primer semestre de 2025 en el manejo de cuentas de depósito.
A pesar de los señalamientos, el Gobierno de Jalisco ha defendido la contratación, afirmando que el costo está por debajo del promedio del mercado y que el presupuesto está garantizado.
El Gobierno de Jalisco, bajo la administración de Pablo Lemus (iniciada en diciembre de 2024), adjudicó un contrato a la empresa Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público (Mi Movilidad) y servicios de beneficios sociales.
