Lunes 7 de julio de 2025.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Jalisco blindó por ocho años, ocho meses y tres días el expediente sobre el arrendamiento de maquinaria pesada del programa “A Toda Máquina”, implementado en el sexenio pasado.
Aunque la Ley de Transparencia exceptúa de reserva a casos de corrupción, el Comité de Transparencia de la FECC determinó mantener bajo llave la carpeta 275/2019, alegando “protección de intereses nacionales” y seguridad pública.
De acuerdo a una nota publicada en el periódico NTR, el expediente fue solicitado por el académico Álvaro Quintero, quien pretendía acceder a la versión pública del caso en que la fiscalía determinó en 2020 no ejercer acción penal por considerar que no hubo delito.
La maquinaria fue arrendada a Operadora de Servicios Mega por más de 3 mil 600 millones de pesos, pese a observaciones por irregularidades de la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría, sin que se sancionara a funcionarios.
La clasificación como información reservada se acordó en la sesión del 2 de julio pasado del Comité de Transparencia de la fiscalía, el cual está conformado por el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar.
De la misma manera, dicho comité está integrado por Margarita Ramírez Esparza, coordinadora de la Unidad de Transparencia de la fiscalía, y Norma Araceli Espinosa Limón, directora de Planeación, Administración y Finanzas.
Los funcionarios decidieron que, según el artículo 17, punto 1, fracción décima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se considera reservada la información que por “disposición legal expresa” así sea clasificada.
Esto, a pesar que la fracción segunda del mismo artículo señala que son reservadas las carpetas de investigación “excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
La nota firmada por la periodista, Sonia Serrano, establece que según el Comité de Transparencia, en este caso no aplicó la excepción porque la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción resolvió que no había un delito que perseguir.
