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Reservan investigación sobre A Toda Máquina por cinco años

Reservan investigación sobre A Toda Máquina por cinco años

Guadalajara, Jalisco-. Con base en diversos argumentos, la Contraloría del Estado reservó los datos sobre la investigación que comenzó hace más de un año por la licitación del programa A Toda Máquina (ATM).

La institución resolvió una solicitud de información hecha por el diario NTR Guadalajara, en la que confirma que existe la investigación, pero también detalla que Eduardo Enrique Macías Sedano, director del Área de Responsabilidades y de lo Contencioso, solicitó “la reserva de los expedientes 008/2019-A, 009/2019-A, 010/2019-A y 011/2019-A”, aprobada el 26 de octubre.

De acuerdo con los datos brindados el año pasado por la Contraloría Estatal, las investigaciones van en contra de una empresa y dos funcionarios, de los cuales uno es Luis Arturo López Sahagún, director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, y actualmente sigue siendo el responsable de la mayoría de las compras en el gobierno estatal, incluyendo las realizadas con los recursos del crédito de seis mil 200 millones de pesos, contratado este año debido a la pandemia por Covid-19.

El 26 de octubre, el Comité de Transparencia de la dependencia se reunió ante la solicitud de información con número SAIP/408/2020, la cual fue presentada por NTR. En la sesión expusieron que la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado entregó la información solicitada el 23 de octubre, pero Macías Sedano pidió que se comenzara el procedimiento de clasificación de la misma porque el proceso “no ha causado estado”.

Según la resolución, en ese entonces también detallaron que los expedientes de la investigación ya habían sido clasificados como “información reservada” en una sesión realizada el 15 de julio del 2019 bajo el argumento de que “la difusión puede causar perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado”. Pero, el documento no detalla si ya hubo una resolución y los responsables aún pueden recurrirla o si el proceso sigue abierto.

En lo resuelto por el comité también hacen referencia a que “la divulgación de dicha información” puede atentar contra “el interés público, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal”.

El documento también indica que “el daño o riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información” porque se darían a conocer datos que “develan la estrategia u objetivo planteado en el procedimiento de responsabilidad administrativa”.

La reserva de la información continuará hasta que la ley lo permita, y de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el plazo es de cinco años.

Con base en lo anterior, el comité consideró que se cumple con lo previsto en la ley “toda vez que los procedimientos administrativos que se encuentran ventilados en la licitación número LPL 001/2019, actualmente no se encuentran concluidos” porque la respectiva autoridad no ha dictado las sentencias definitivas.

Además, establece que la información no puede darse a conocer porque contiene datos como “instrumentos, archivos digitales, informes, documentos públicos y privados, descripciones de hechos, lugares y personas, datos personales de los servidores públicos presuntamente responsables”.

Otro argumento es que “de revelar o dar a conocer la información en el estado en que guardan los procedimientos, podría causar un grave daño a la imagen pública de la institución, provocando la falta de credibilidad de la sociedad en el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Contraloría”.

La investigación empezó hace más de un año, después de que el medio NTR diera a conocer las anomalías registradas en la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada, por el cual el gobierno actual pagará tres mil 634 millones de pesos.

Con información de NTR

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