Tangancícuaro, Michoacán.- Comunidades indígenas de Michoacán se quejan ante Adelfo Regino Morales, Director General del Instituto de Pueblos Indígenas, de ser víctimas de abusos, extorsiones, golpizas, incendios y daños a unidades en las comunidades purépechas de la entidad, a manos de la desprestigiada “Guardia Civil”, desde hace tiempo, sin que nadie intervenga.
Según se da a conocer en un documento firmado por la representante de la comunidad de Eduardo Ruiz, del municipio de Tangancícuaro, Ana Lemus Garibay, y la Regidora Constitucional Rosalía Orozco Madrigal, desde hace seis meses son víctimas de hurtos, golpes y extorsiones. Un ejemplo de esto ocurrió el 2 de abril, cuando una familia fue extorsionada con 26 mil pesos por elementos de la Guardia Civil.
“Esa suma es una fortuna para las familias, considerando la precaria situación de sus negocios y su modo de vida. Acudimos a la autoridad superior para exigir la devolución de los 26 mil pesos y, como respuesta, todos los que fuimos a apoyar a nuestro hermano indígena fuimos recibidos con agresiones verbales, disparos sobre nuestros vehículos, cohetones, balas y granadas de goma. Golpearon a una mujer de la tercera edad, y cinco compañeros fueron secuestrados, golpeados y llevados al hospital de Zamora. Su registro de salida del hospital comprueba los hechos”, relatan.
Ante estos abusos, decidieron tomar las carreteras el 3 de abril en señal de protesta. Cerca de la 1:00 de la madrugada, 500 elementos de la Guardia Civil y granaderos los dispersaron a golpes y los amenazaron de muerte. En su carta, que será turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, piden ayuda urgente.
“¡Ayúdenos, ya no podemos más con los abusos de la Guardia Civil!”, expresan en el documento, que también anexa los informes de los afectados detenidos y golpeados. Entre ellos se encuentran:
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Ignacio Patiño: camión quemado, daño total de 100 mil pesos.
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Gildardo Serrano: camioneta quemada, pérdida de 150 mil pesos.
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José Luis Becerra: camioneta destrozada, daños por 130 mil pesos.
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Adriana Guzmán: llantas y vidrios destrozados, golpes, daños por 60 mil pesos.
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Jesús Leyva: daños a su vehículo, como cristales e interiores, daños por 30 mil pesos.
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Luis Torres: daño en cristales e interiores, 10 mil pesos.
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David Lemus: camión dañado en vidrios, daños por 10 mil pesos.
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Ernesto Raya: camión con daños en llantas y vidrios, ocasionando daños por 40 mil pesos.
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Fidel Valencia: daños por 15 mil pesos en cristales e interiores.
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Eliseo Orozco: daños a su camión por 40 mil pesos.
Detenidos: Francisco Guzmán, Salvador Guzmán, Miguel Guzmán, Eliseo Orozco, Ernesto Valencia y la señora Lourdes Miranda.
Los pobladores aseguran que en ningún pueblo de la región quieren a la Guardia Civil, ni siquiera las propias policías municipales ni de vialidad. Por ello, afirman que los alcaldes, basándose en el artículo 115 de la Constitución General de la República, pueden exigir la salida de la corporación corrupta, represiva y abusiva de sus municipios.
Artículo 115 de la CPEUM
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que los municipios tienen autonomía política y jurídica. Esto significa que los municipios pueden darse sus propias leyes, elegir sus autoridades y administrar sus recursos.
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El municipio libre es la base de la organización política y administrativa de los estados.
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Los municipios tienen personalidad jurídica y deben administrar su patrimonio de acuerdo con la ley.
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Los municipios son administrados por un ayuntamiento de elección popular directa.
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Los municipios recaudan todos los impuestos y contribuyen al gasto público del Estado.
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Los municipios tienen autonomía para elegir sus autoridades, gestionar los asuntos de su competencia y manejar sus ingresos.
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Los municipios tienen a su cargo funciones y servicios públicos, como agua potable, alumbrado público, recolección de residuos y seguridad pública, entre otros.
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Los municipios pueden aprobar bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas.
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Los municipios pueden asociarse para la prestación de los servicios públicos que les corresponda.
