Por: Eduardo Esquivel Torres
Miércoles 25 de marzo.- En lo que se califica como un triunfo jurídico sin precedentes para la agenda ambiental de la metrópoli, una jueza de control federal revocó el “carpetazo” que la Fiscalía General de la República (FGR) había dictado sobre la denuncia penal presentada contra el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por delitos ambientales.
La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que, bajo la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0002024/2025, la justicia federal determinó que no se puede ignorar el daño ecológico y a la salud pública, obligando a las autoridades a realizar estudios técnico-científicos en todo el sistema de la cuenca Arroyo Seco.
La resolución destaca por invocar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el principio pro natura. Esto significa que, ante la duda o falta de pruebas concluyentes, la autoridad debe actuar a favor de la protección del medio ambiente.
“Es un hecho histórico. Se establece la obligación de continuar las investigaciones, determinar responsabilidades y evaluar de manera integral los daños ocasionados en toda el Área Metropolitana”, subrayó la alcaldesa. De forma coincidente, la resolución ocurrió el pasado 19 de marzo, el mismo día en que fue cancelada la comparecencia del exdirector del SIAPA ante el Congreso del Estado.
Pérez Segura documentó el problema ambiental al señalar la presencia de una “cascada” de aguas negras en el cruce de Adolf Horn y Arroyo Seco, donde se detectó una tubería que vierte caudales de desechos procedentes de Tlajomulco de Zúñiga. La alcaldesa acudió con notario público la noche del 23 de marzo para dar fe de esta irregularidad.
Asimismo, denunció conexiones clandestinas en Villa Fontana, al señalar que el SIAPA conectó de forma “abusiva” el drenaje sanitario a cárcamos pluviales construidos por el Ayuntamiento. Esta acción, ya reconocida por el propio organismo, provoca que aguas negras sean desfogadas directamente a las calles.
Ante este contexto, el Ayuntamiento identificó cinco puntos críticos de descargas ilegales de aguas residuales: en Adolf Horn y Arroyo Seco, en los límites con Tlajomulco; en Camino a Santa Cruz del Valle y Arroyo Seco, frente al parque industrial; en la colonia Parque de Santa Cruz del Valle; en el cruce de San Jorge y San Ignacio; así como en avenida Acueducto y la calle Juárez de Arroyo, además del fraccionamiento Villa Fontana, considerado zona de reincidencia crítica.
Este hallazgo afecta directamente a más de 10 colonias, entre ellas Fraccionamiento Revolución, El Manto, Lomas de Santa María, Las Juntas, Ojo de Agua, El Vergel, Paseo del Lago y Los Olivos.
La presidenta municipal denunció que el 19 de marzo se detectó una descarga de aguas residuales en una red pluvial que, pese a ser clausurada, reapareció el 22 de marzo en los límites con Tlajomulco. Añadió que, en mesas de trabajo recientes, el SIAPA admitió haber conectado drenajes sanitarios al sistema pluvial desde hace mes y medio, una práctica prohibida.
Historial de “carpetazos”
Pese a que el Ayuntamiento ha presentado 15 denuncias penales y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el proceso ha enfrentado diversos obstáculos.
En agosto de 2025, la FGR realizó inspecciones calificadas como “superficiales” y sin sustento científico, mientras el SIAPA argumentaba falta de presupuesto para estudios técnicos.
Entre septiembre y octubre de 2025, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, resolución que fue impugnada por el municipio. Finalmente, en marzo de 2026, tras una audiencia de control judicial celebrada el día 19, se logró revertir esta decisión y reabrir la investigación.
El municipio mantiene denuncias activas ante la FGR, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por posibles delitos ambientales y negligencia administrativa.
El gobierno municipal exigió que el SIAPA asuma su responsabilidad técnica y financiera, y deje de argumentar falta de recursos ante una problemática que afecta la salud de miles de personas.
En este contexto, la alcaldesa informó que actualmente 66 colonias son abastecidas con agua limpia proveniente de 22 pozos municipales, beneficiando a zonas como Santa Anita, Altea, La Ladrillera, La Calerilla y Privada Los Olivos, mientras que 227 colonias dependen del SIAPA.
Finalmente, Pérez Segura estimó que cerca del 80 por ciento del territorio atendido por el organismo presenta problemas de desabasto o mala calidad del agua. Como medidas de mitigación, el municipio ha instalado 49 cisternas y opera 24 pipas para distribuir más de 11 millones de litros de agua potable, además de invertir más de 200 millones de pesos en el Plan Maestro contra Inundaciones 2026.
