03 de febrero de 2022.- La consulta de revocación de mandato va para el 10 de abril, y se debe realizar con el presupuesto que ya tiene asignando el Instituto Nacional Electoral, además de que ninguno de sus consejeros, podrán ser objeto de acusaciones penales o administrativas por ajustes a este proceso.

Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir una resolución, luego de las controversias que han surgido en torno a los ajustes presupuestales y plazos para la organización y realización de esta consulta.

“Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado, así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho instituto”.

Esto significa que el INE podrá instalar las casillas que considere de acuerdo a su presupuesto y realizar los ajustes necesarios, sin que sus integrantes consejeros sean demandados por estas determinaciones, tal como los había hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Consejeros del INE, han señalado que el presupuesto que tienen nada más les alcanza para instalar una tercera parte (57 mil) de las 161 mil casillas que se estipulan.