Salvador Cienfuegos regresará a México para ser juzgado

70916058. México, 16 Sep. 2017 (Notimex-José Pazos).- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos a su llegada a Palacio Nacional previo al Desfile Cívico-Militar. NOTIMEX/FOTO/JOSÉ PAZOS/JPF/POL/VIVA17

Ciudad de México.- Tras darse a conocer la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de desestimar los cargos en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional mexicana, por narcotráfico, una jueza de Brooklyn, en Nueva York, aceptó que el general en retiro regrese a México para ser juzgado.

Ayer, las autoridades estadounidenses explicaron que por solicitud de la Fiscalía General de la República se compartirían las pruebas del caso, para colaborar con la investigación en México.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de autoridades mexicanas”, expusieron en un comunicado, mismo que fue ratificado por Marcelo Ebrard, titular de la Cancillería mexicana.

De acuerdo con las instituciones de ambos países, al enterarse de los cargos contra Cienfuegos, acusado de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos en los Estados Unidos y lavado de dinero, la Fiscalía abrió su propia investigación.

“Nuestra homóloga norteamericana tomó la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”, expuso también la Fiscalía General de la República.

En conferencia de prensa, Ebrard explicó esta mañana que esta decisión implica que el general retirado retornará a México, sin detallar en qué calidad, y que la FGR inició una investigación al respecto, tras recibir documentación de las acusaciones contra Cienfuegos este 11 de noviembre.

El canciller también argumentó esta decisión en que los delitos presuntamente cometidos por el general habrían ocurrido en territorio mexicano, por lo que el gobierno considera que deben aplicarse las leyes mexicanas.

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