SCJN perfila declarar anticonstitucional Ley de Seguridad Interior

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Ciudad de México.-La Suprema Corte de la Nación (SCJN) se perfila para declarar anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2017 pero que fue impugnada por diversos actores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y diversos diputados y senadores.

Este martes, los ministros de la SCJN dieron comienzo al análisis del proyecto de sentencia presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo respecto a las impugnaciones a la Ley presentadas ante el Tribunal Constitucional.

Después de que el día de ayer Pardo Rebolledo presentara el proyecto ante el pleno, este mediodía comenzó el estudio y debate del mismo, con las primeras intervenciones de los ministros acerca del primer punto de la resolución relacionada con la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de Seguridad Interior.

Comenzado el análisis, de los seis ministros que tomaron la palabra antes de que se levantara la sesión, todos se pronunciaron por declarar la invalidez total de la Ley, por lo únicamente se requeriría que dos ministros más de los cuatro que restan para hacerlo.

Los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior fueron Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez. El ministro Jorge Pardo estaría con su proyecto, por lo que únicamente restan por posicionarse Luis María Aguilar, presidente de la Corte, además de los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Alfredo Gutiérrez y José Fernando Franco.

La principal razón para invalidar la Ley de Seguridad Interior es que el único facultado para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas es el Ejecutivo Federal, por lo que el Congreso no tiene facultades para haber expedido la Ley.

La referida legislación faculta a los elementos castrenses para intervenir en tareas de seguridad cotidiana. Los opositores de la Ley han referido que ésta podría utilizarse en contra de la ciudadanía para funciones de represión.

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