Recientemente se ha emitido una resolución judicial en Jalisco, que sienta precedente. Me asombra que la opinión pública y la sociedad en general no se haya asombrado ante lo que está aconteciendo.
En mi opinión, se está aceptando la derrota de la democracia en nuestra entidad, pues sigue imponiendo sus condiciones y ganando terreno la delincuencia organizada, y por consecuencia el estado de Jalisco, sigue cediendo espacios y la gobernabilidad.
Vamos, el Tribunal Electoral de Jalisco resolvió anular la elección en Jilotlán de los Dolores, municipio en el que sólo compitió una planilla, después de que todos los demás partidos decidieron declinar en la elección pasada. De tal suerte que se impone la narcodemocracia, por designación directa de candidatos, o por exclusión, mediante amenazas en contra de candidatos.
Según la sentencia del magistrado ponente Tomás Vargas, la determinación del Instituto Electoral de declarar válida la elección, contraviene el principio rector de certeza que debe imperar, y tiene como consecuencia la imposibilidad de integrar el ayuntamiento.
Como consecuencia de la sentencia, se revoca la declaración de validez de la elección de Jilotlán de los Dolores por acuerdo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y se da vista al Congreso del estado, con la finalidad de que emita decreto en el que ordene la realización de elecciones extraordinarias en el municipio antes mencionado.
Ahora, el Congreso de Jalisco debe emitir una convocatoria para una elección extraordinaria antes del 1 de octubre. De no ser así, se deberá conformar un consejo ciudadano.
Sabemos que, desgraciadamente, se está normalizando la violencia en Jalisco, los desplazamientos forzados son una realidad en nuestra realidad ante la incompetencia e incapacidad de nuestras autoridades.
Ahora bien, cabe preguntarnos si la delincuencia organizada va a desvanecerse por decreto, o se han tomado las medidas pertinentes para mermar en las calles el poder de quienes imponen su ley a base de usar la fuerza.
También sería importante saber si por decreto se irán los miedos y el terror de los candidatos o verdaderamente se aplanó el terreno antes de convocar a las elecciones extraordinarias y verdaderamente se garantice la seguridad y tranquilidad a los próximos candidatos, o será solamente un rosario de buenas intenciones.
Dentro de las recomendaciones que se emiten al gobierno de Jalisco, se le pide que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente las medidas de seguridad necesarias para generar el ambiente para la realización del proceso electoral extraordinario y garantizar la seguridad de candidatos, funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos, observadores y a los ciudadanos que acudan a sufragar.
Lo anterior es la aceptación de jure de la derrota de la democracia en el estado de Jalisco. Sabemos que en muchos municipios impera la ley del más fuerte, y que es la delincuencia organizada que impone sus condiciones, que palomea y manda a su casa a quienes no se alinean a sus condiciones.
Las pasadas elecciones, sin duda alguna, fueron las elecciones más complicadas de la historia contemporánea de Jalisco.
Debido a la pandemia y a la violencia que vivimos en las calles de México y Jalisco, fueron comunes, durante el pasado proceso electoral, las agresiones y amenazas en contra de candidatos. También se generalizó la violencia de género hacia candidatas a distintos cargos de elección popular, municipal y estatal.
Impide inseguridad instalación de casillas en Jilotlán de los Dolores