Guadalajara, Jalisco.-La titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, Teresa Brito, confirma que hasta el jueves 5 de abril han llegado a su dependencia tres denuncias contra el caso de la polémica licitación pública LPL 01/2019.

“Una de ellas es de una asociación que se menciona como Contraloría Ciudadana, otra es del joven Álvaro Quintero y la tercera es del Comité Estatal del PRI”.

En las tres denuncias se hace referencia a posibles irregularidades, conflicto de interés, tráfico de influencias y anomalías previas a la  relación contractual.

La licitación pública 01/2019 fue para contratar el servicio de arrendamiento de maquinaria pesada para el periodo 2019 y hasta el 2024, por un monto de 3 mil 634 millones de pesos, a la empresa Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER.

La empresa es propiedad de Guillermo Romo Romero, empresario que fue captado junto al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, durante un partido de basquetbol de los Lakers, en Los Ángeles, California.

Teresa Brito, en entrevista realizada el jueves 4 de abril en Canal 44, narró que después de las denuncias, de inmediato se avocó a ellas e hizo un cuerdo de designación, porque así lo mandata la Ley de Responsabilidades, tanto la general como la del estado.

“Nombré a la directora de denuncias para que desahogara un procedimiento de investigación”, explicó.

La dirección de denuncias de la Contraloría estatal giró dos oficios, uno a la Secretaría de Administración y el otro a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); en ellos se establece que ambas dependencias cuentan con 10 días hábiles para que “entreguen toda la información que manejaron y que se relaciona con este contrato; estamos en ese proceso”.

La llamada del gobernador

Teresa Brito informó que ante la polémica desatada por la licitación de la maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina, la contraloría iba a actuar de oficio, sin embargo, ni tiempo tuvo, porque de inmediato llegaron las denuncias.

Después de ello “algo comentó el gobernador (ante los medios de comunicación) con relación a este tema de arrendamiento puro de maquinaria pesada, eso tiene que ver con el contrato que se celebró. Dos días antes de eso, de la manifestación del señor gobernador, a la Contraloría del estado llegaron tres denuncias”.

Agregó que “el comentario del señor gobernador viene a ratificar, y yo sé que él lo entiende perfectamente, la obligación que tiene su servidora de observar la ley y darle seguimiento de investigación”.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez le realizó una llamada telefónica a la contralora para pedirle que investigara y resolviera el caso.

–El gobierno del estado ha girado comunicados para decir que la licitación está apegada a la ley y que todo es lícito,  pero las dudas son enormes y también legítimas. ¿Qué tan ético es el proceso, y si a la Contraloría también le toca hablar de ética?

–Le toca a la Contraloría hablar de ética; estamos trabajando con Jalisco como Vamos en la elaboración de un manual operativo de ética, que no quede en un cuadro, queremos ligarlo a la ley de responsabilidades. Y mire, yo no sé quién expresa que todo está bien, y si lo dice lo hará desde su ámbito de competencia y es muy respetable, como respetables las notas que han sacado los medios de comunicación. Yo respeto todo eso, pero la Contraloría no va a decir qué está bien o qué está mal, hasta que no le dé seguimiento a su proceso administrativo. No es que contradiga a quienes se han expresado, pero yo en este momento no puedo decir si está bien o mal, porque no estaría trabajando en consonancia con lo que me dice la ley.

En varios caminos

La investigación que acaba de iniciar la Contraloría estatal lleva un proceso de carácter administrativo, que puede derivar, si el caso lo amerita, a sanciones en ese rubro, pero también a sanciones en otros ámbitos.

“Ahí entra el trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; la presidenta del ITEI; el fiscal anticorrupción; el presidente del Poder Judicial y el auditor Superior del Estado. Cada uno tomará la parte que le toca y actuará en consecuencia. Sin embargo, el que yo haga una investigación de carácter administrativo no obsta para que haga una auditoría integral del proceso, si fuera el caso”, explicó la funcionaria.

En este tipo de procesos primero se investiga, le sigue la sustanciación y después la resolución.

En el camino se puede diversificar el tema, dice, y agrega: “yo he iniciado auditorías y en el camino he denunciado, y continúo con la auditoría porque los preliminares me indican que hay un tema posiblemente antijurídico; entonces, los temas del procedimiento administrativo varían”.

Reveló que recibió una llamada de Alfaro Ramírez. “El gobernador también me llamó por teléfono y me dijo: usted camine en el ámbito de su competencia y resuelva. Yo lo tengo entendido así, me llame o no el gobernador”, afirmó la contralora.

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