Morelia, Michoacán.- A siete años del asesinato del alcalde de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés, un tribunal en Michoacán impuso una sentencia de 140 años de prisión a una mujer identificada como Cristian “N”, exesposa de la víctima, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la condena corresponde a la pena máxima establecida en el Código Penal estatal. La resolución fue emitida luego de que el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la participación de la sentenciada en la privación de la libertad del entonces edil, ocurrida el 23 de abril de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue interceptada por la mujer en complicidad con otras dos personas. Horas después, su cuerpo fue localizado sin vida el 24 de abril en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento analizó pruebas periciales, entre ellas un dictamen en materia de psicología, y escuchó los alegatos de las partes antes de emitir el fallo condenatorio. Además de la pena privativa de libertad, se impuso una multa y el pago por concepto de reparación del daño.
El caso se remonta a una jornada previa en la que el alcalde sostuvo reuniones en Morelia con autoridades estatales y representantes del Consejo Ciudadano Indígena, en el contexto de negociaciones relacionadas con participaciones presupuestales para comunidades de la región.
Tras concluir sus actividades en la capital, Otlica Avilés se trasladó hacia su domicilio en la comunidad de San Isidro. En ese trayecto fue privado de la libertad por sujetos que se desplazaban en dos vehículos. La búsqueda se activó luego del reporte de desaparición por parte de familiares, y su cuerpo fue localizado al día siguiente.
En su momento, autoridades comunitarias se deslindaron de los hechos. El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen señaló que, pese a diferencias políticas existentes, no tenían relación con el homicidio y solicitaron el esclarecimiento del caso.
La sentencia emitida en 2026 marca un avance en el proceso judicial relacionado con el asesinato del exalcalde, ocurrido en un contexto de tensiones políticas y sociales en la región purépecha.
