Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 19 de mayo de 2026.- Colegios de abogados y la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y Municipios denunciaron el desmantelamiento sistemático de la justicia agraria en México, alertando que la situación en Jalisco es crítica debido al cierre de sedes, instalaciones precarias, escasez de personal y falta de insumos básicos.
Las organizaciones señalaron que estas carencias presupuestales y administrativas anulan en los hechos la aplicación del derecho en el campo.
La crisis se agudizó tras la publicación del Acuerdo General 11/2026 emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario el pasado 12 de mayo de 2026.
Dicho decreto oficializa el cierre definitivo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, obligando a una redistritación exprés que entra en vigor este 21 de mayo de 2026, con un cierre administrativo final programado para el 29 de mayo.
Con esta medida, la carga laboral se concentrará de forma desproporcionada en los Distritos 13 y 15 de la capital jalisciense.
Los denunciantes afirmaron que este acuerdo compromete directamente la política pública federal y viola el artículo 17 constitucional, el cual garantiza una justicia pronta y expedita.
Asimismo, acusaron que la desaparición del tribunal atropella tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos al prolongar los juicios de forma indefinida e incumple con el artículo 27 de la Constitución, que obliga al estado a sostener tribunales autónomos para proteger la tenencia de la tierra.
Finalmente, los juristas y sindicatos calificaron la reforma como una medida regresiva que vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y denunciaron la total omisión de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y ejidatarios afectados.
Ante el colapso institucional, los colectivos anunciaron la creación inmediata de un Frente Amplio por la Defensa de la Justicia Agraria para combatir legal y socialmente el decreto.
