El Viernes Santo, 3 de abril de 2026, mientras el país se sumergía en silencios religiosos y rituales de fe, Nelcia Pamela Chávez Pérez, de 37 años, fue asesinada dentro de su propia casa en Tegucigalpa. No fue un hecho aislado. No fue inesperado. Fue, como tantas veces, un final anunciado.
Nelcia no solo era una trabajadora del Hospital Escuela. Era también una mujer que había denunciado violencia. Al menos dos veces. Dos veces en las que pidió ayuda, en las que dijo —de alguna forma— “esto puede terminar mal”. Y, aun así, el sistema no logró protegerla.
Su agresor, “su pareja”, no intentó huir. Horas después de cometer el asesinato este Viernes Santo en la colonia Modesto Rodas Alvarado, en Tegucigalpa, se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional (PN) y confesó el crimen. Incluso llevó un croquis dibujado por él mismo, en el que señalaba la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo.
Y aquí es donde debemos detenernos.
Porque la pregunta no es por qué la mató.
Esa pregunta, repetida hasta el cansancio, suele convertirse en una trampa: busca justificar, explicar, humanizar al agresor. Pero en los femicidios, la motivación rara vez es un misterio. La violencia ya estaba ahí. Documentada. Denunciada. Ignorada.
La verdadera pregunta es otra:
¿por qué su vida dependía de que él decidiera entregarse después de matarla?
Que un agresor se entregue puede parecer, a primera vista, un acto de “responsabilidad”. Una señal de arrepentimiento. Incluso, para algunos, un indicio de justicia.
Pero no lo es.
Es, en realidad, la evidencia más brutal de que el sistema solo reacciona cuando ya no hay nada que salvar.
La entrega no es justicia. Es cierre administrativo. Es el momento en que el Estado puede comenzar a actuar… pero sobre un cuerpo sin vida.
Y eso debería incomodarnos profundamente.
Porque Nelcia no necesitaba que él se entregara.
Necesitaba que la protegieran antes.
En Honduras, como en muchos países, las denuncias de violencia intrafamiliar siguen siendo tratadas como advertencias menores, como conflictos privados, como problemas que “pueden resolverse”. Pero cada denuncia es una alerta temprana. Cada denuncia es una oportunidad de evitar un femicidio.
Y cuando esas alertas se ignoran, lo que sigue no es sorpresa. Es consecuencia.
Por eso, centrar la conversación en la entrega del agresor es peligroso. Desvía la mirada. Nos hace creer que algo se hizo bien, cuando en realidad todo falló antes.
Nos hace hablar del final, en lugar de cuestionar el proceso.
Nelcia Pamela Chávez no murió en un instante de furia. Murió en una cadena de omisiones.
Murió en un sistema que escuchó, pero no actuó.
En una institucionalidad que registró denuncias, pero no garantizó protección.
En una sociedad que sigue preguntando “por qué pasó” en lugar de preguntarse “por qué no se evitó”.
Y mientras sigamos enfocándonos en lo que hace el agresor después del crimen —si huye, si se entrega, si confiesa— vamos a seguir llegando tarde.
Siempre tarde.
Porque la justicia que llega después de la muerte no es justicia.
Es apenas un registro más en la estadística.
Y Nelcia merecía mucho más que eso.
Porque no se trata de cómo termina la historia del agresor.
Se trata de cómo el Estado dejó que terminara la vida de Nelcia.
Y eso es lo que duele: que en este país no fallan los minutos después del crimen, fallan todos los días antes.
Fallan cuando una mujer denuncia y nadie actúa.
Fallan cuando el peligro se minimiza.
Fallan cuando la protección llega solo en forma de expediente, nunca en forma de vida resguardada.
Entonces no, no es que llegamos tarde.
Es que seguimos eligiendo llegar tarde.
Y mientras no cambiemos eso, cada nueva denuncia seguirá siendo leída como un trámite…
y cada femicidio, como una sorpresa que en realidad ya estaba escrita.
Alex Izán Hernández
Coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género
Red Lésbica Cattrachas
alexizanhn@gmail.com
www.cattrachas.org
