Guadalajara, Jalisco.-Casi 100 sindicatos universitarios de todo el país rechazaron, a través de un posicionamiento, la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada por el Congreso de la Unión, al determinar que “que en varios de sus artículos se viola el artículo 3 constitucional, particularmente se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas”.
Mediante el documento exhortaron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a no promulgar la citada ley, y regresarla a la Cámara de Diputados para dar revés a las inconsistencias detectadas.
De acuerdo con las organizaciones sindicales, uno de los mayores yerros de la ley es que se haya aprobado a pesar de contener “claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de las instituciones de educación superior”.
En este sentido, denunciaron que dichos contenidos fueron dictados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y las empresas educativas.
Criticaron también que se haya desoído el llamado de López Obrador, del pasado 4 de enero, a a abrir un amplio debate sobre su aprobación, incorporando a los actores directos, profesores, estudiantes y trabajadores de las diversas instituciones educativas.
Precisaron también que el artículo 4 de la Ley General de Educación Superior degrada el derecho a la misma “otorgando a todas las instituciones de educación superior la facultad de imponer requisitos adicionales a los estudiantes que, al concluir su bachillerato, soliciten realizar estudios superiores, reforzando con ello décadas de políticas neoliberales que han impedido que millones de jóvenes ejerzan este derecho”.
“Además, en el artículo 2 de la LGES, se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, al condicionar toda reforma a la consulta a los órganos colegiados de la institución respecto de la cual se busca reformar su ley orgánica, y a contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno; con ello, cualquier iniciativa para democratizar una institución autónoma podrá ser desechada por los órganos de gobierno de dicha institución, los cuales, precisamente por la carencia de democracia, son controlados por las burocracias universitarias”, alertaron.
Explicaron que de mantenerse la LGES bajo los mismos lineamientos, docentes y trabajadores no académicos seguirán siendo excluidos de la toma de decisiones en las universidades.
“Aundado a lo anterior, no resuelve las problemáticas de las universidades en México en materia de presupuesto, dado que no incide en el fortalecimiento de polìticas de financiamiento suficientes, con mecanismo de tranparentación para manejos honestos y eficaces, orientados al bienestar de la comunidad universitaria y general. La autonomía, en tales circunstancias seguirá siendo una entelequia sólo para proteger manejos financieros poco claros pero no para una consolidación y crecimiento de las instituciones.
“En suma, la LGES carece de un proyecto político orientado a la solución de los grandes problemas nacionales, los problemas de los sectores populares y la construcción de una nueva civilización”, puntualizaron los sindicatos, entre los que se encuentran cuatro representativos de la Universidad de Guadalajara.
