Puntos y Contrapuntos

Criterios

En los tiempos que corren, no podría tener mejor oportunidad el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para demostrar, en los hechos concretos y en las pruebas superadas, de qué está realmente hecho y hasta dónde será capaz de sostener sus declaraciones y pronunciamientos tronantes, efectistas, que podrían estar más orientados a conseguir el aplauso fácil de las galerías y rentabilidad política, que a concretar en la realidad la muy reiterada intención de su administración de combatir la corrupción y la impunidad.

Lo importante es que existen casos concretos, que funcionarios de su mismo gobierno han dado a conocer en fechas recientes, sobre amplios espacios de corrupción en importantes áreas de la pasada administración estatal que encabezó el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El proceso para acabar con la corrupción será largo y no se dará por decreto o con ocurrencias, afirmó Alfaro Ramírez en abril, cuando todavía era candidato a la gubernatura, postulado por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Sin ser afines ni aliados, pero sí contrincantes electorales declarados y reales, el candidato naranja coincidía con la prédica del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que si quien encabezaba la administración no era ratero, sería más complicado que sus funcionarios lo fueran, publicó el periódico El Informador el viernes 20 de abril del 2018.

Aunque reconoció que de ser gobernador no le tocaría juzgar, el emecista presumió que tenía una lista de al menos 20 funcionarios públicos corruptos a quienes prometió meter a la cárcel, explicaba la nota del reportero Rodrigo Rivas Uribe.

La nota concluía que en reunión con integrantes de la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (Careintra), Alfaro Ramírez fue enfático: “Dejo mi compromiso, no va a haber impunidad y tengo ya una lista, una relación con elementos de prueba, para que cuando menos dos decenas unos veinte (funcionarios) que ya traemos identificados, van a acabar en la cárcel. Así de claro porque si no, no hay combate a la corrupción y es puro cuento”.

El lunes 23 de abril del 2018 el periódico Reforma publicó que funcionarios del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) eran algunos de los corruptos que el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Alfaro Ramírez, decía tener en la mira.Al presentar su propuesta en materia educativa, el emecista acusó: “Si quieren una pista de en dónde están algunos de esos pillos, échense una vuelta al INFEJAL, tienen en algunos casos sobrecostos del 40 por ciento del valor de las obras”.

Pretendió ser irónico el abanderado naranja: “Los gobiernos del PRI ya acabaron, es cierto, hay que reconocerlo, con el diezmo famoso, la mochada del 10 por ciento que se hablaba como costumbre, sí, sí, sí, la acabaron, nada más que ahora la convirtieron en el 40 por ciento, ese es el nuevo modelo que ellos han impulsado de combate a la corrupción”.

El martes 31 de julio del 2018, a las 12:08 horas, ya como gobernador electo para el periodo (2018-2024), Alfaro Ramírez publicó en twitter: “Combatir la corrupción exige combatir la impunidad, no vamos a fallar en ese sentido, voy a hacer lo que me toca y espero que las autoridades encargadas de la impartición de justicia hagan lo propio”.

La corrupción es un cáncer que pudre las fibras más sensibles de las instituciones públicas en el país. Por dondequiera que se le pica sale pus. La impunidad es una enfermedad que ha erosionado hasta sus cimientos la estructura jurídica de México y ha desmoronado sistemáticamente las bases de un Estado de Derecho. Pero la simulación va junto con estos dos males crónicos. Esta tercia de maldiciones ha hundido a las instituciones del país en un profundo pozo de desilusión y descrédito.

La simulación –junto con la corrupción, la impunidad y la ineptitud– es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis en la vida pública de México, singularmente grave, porque aparentar, para engañar al pueblo, es una práctica recurrente de los iluminados y de los cínicos que abundan en la política, quienes se nutren y fortalecen con el desencanto y el silencio de los inocentes.

Prometer justicia, rectitud, honradez, valor y responsabilidad en el combate a la corrupción y la impunidad, para poner tras las rejas a los canallas, los viles y los sinvergüenzas, y al final no cumplir, es una grave traición a la fe del pueblo, que naufragan entre el desencanto, la frustración y la sed de justicia.

PODRIDAS

El pasado miércoles 6 de marzo del 2019, en rueda de prensa, Anna Bárbara Casillas García, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, José Miguel Santos Zepeda, titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, fiscal Anticorrupción de Jalisco, denunciaron irregularidades en la relación de 13 asociaciones civiles y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), durante el anterior gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), que podrían representar irregularidades por 13 millones 660 mil pesos.

En nota publicada ese día por el periódico El Informador, Santos Zepeda señaló que el día anterior, martes 5 de marzo del 2019, presentaron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que investigará a profundidad irregularidades, presumibles corruptelas y probable conflicto de interés, en la relación de integrantes de las asociaciones civiles con al menos 12 exfuncionarios de la SEDIS, que van desde los tres extitulares hasta funcionarios de mediano y último nivel.

El jueves 7 de marzo del 2019, el periódico Mural publicó que en el presunto fraude que habrían cometido 13 asociaciones civiles contra la SEDIS estarían involucrados la exdiputada local priista (2015-2018) María del Refugio Ruiz Moreno y su esposo, Raúl Sánchez Jiménez, exfiscal general de Jalisco, a través de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica.

El pasado lunes 4 de marzo del 2019 el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Iván Argüelles Sánchez, informó que presentó una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de un presunto daño a esa institución, que ascendería a 603 millones de pesos por la compra de bonos, cuyo valor estaba a la baja, a la empresa española Abengoa, que meses después se declaró en quiebra.

La Fiscalía General de Jalisco que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez, con el respaldo de las auditorías que tendría que realizar la Contraloría del Estado, cuya titular es Teresa Brito Serrano, deberían aprovechar la oportunidad para investigar otras inversiones riesgosas realizadas por el IPEJAL.

Como, por ejemplo, los 515 millones de pesos en la Villa Panamericana 2011, todavía no recuperados; los 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascenderían a 1 mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar y, otros mil 600 millones de pesos en riesgo de no ser recuperados que se invirtieron en Transportes Marítimos Mexicanos.

RESPONSABLES

La Fiscalía Anticorrupción, y si fuera turnado el caso a la Fiscalía General de Jalisco, no deberían tener ningún problema o dilación para encontrar e invitar a comparecer a los tres extitulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), para aclarar su participación en los presuntos ilícitos descubiertos durante el gobierno de Sandoval Díaz.

Salvador Rizo Castelo estuvo al frente de la SEDIS del 1 de marzo del 2013 hasta el viernes 26 de diciembre del 2014, cuando renunció para buscar la candidatura a la alcaldía de Zapopan, que perdió en los comicios del 2015 frente a Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano.

El martes 28 de julio del 2015 llegó a la SEDIS Miguel Castro Reynoso, quien estuvo en el cargo hasta el miércoles 22 de noviembre del 2017, cuando renunció para buscar la candidatura por el PRI a la gubernatura de Jalisco en el 2018, contienda que perdió con Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano.

El jueves 7 de diciembre del 2017 llegó Daviel Trujillo Cuevas como titular de la SEDIS, y permaneció en la dependencia hasta el 5 de diciembre del 2018, cuando terminó la administración de Sandoval Díaz.

En el caso del IPEJAL están sobradamente identificados los funcionarios que tendrían que explicar las razones por las cuales se realizaron inversiones riesgosas, que ponen el peligro el patrimonio y el financiamiento de un retiro digno para miles de burócratas estatales. Sólo habría que armonizar las fechas de los contratos y los periodos de gestión de quienes han presidido el Consejo de Administración de esa institución.

Del 1 de marzo del 2007 al 8 de septiembre del 2010 fue presidente del Consejo de Administración del IPEJAL Oscar García Manzano y Pérez Mújica. Lo puso en ese cargo su amigo, el gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013). En su lugar fue nombrado Eduardo Mar de la Paz, quien fungía como Coordinador de Asesores de González Márquez.

García Manzano inició el sexenio de González Márquez como Secretario de Finanzas, cargo al que renunció el 16 de mayo del 2008, pero conservó la presidencia del IPEJAL. Él operó la inversión en Chalacatepec. Falleció el domingo 4 de febrero del 2018.

El 13 de abril del 2011 Mar de la Paz fue relevado de la presidencia del consejo de administración del IPEJAL por José Ricardo Serrano Leyzaola, quien al mismo tiempo cerró el sexenio panista como Secretario de Administración y operó la inversión en la Villa Panamericana 2011.

En los seis años del gobierno del priista Sandoval Díaz (2013-2018), fue presidente de Consejo de Administración del IPEJAL Francisco de Jesús Ayón López, quien también se desempeñaba como presidente del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en la zona metropolitana de Guadalajara, al mismo tiempo que era secretario de Educación en Jalisco.

Con respecto a esta última responsabilidad, Ayón López tendría que aclarar y responder por las compras millonarias realizadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) en 2015 –que entonces dirigía Josué Lomelí Rodríguez–, a empresas fantasmas y a sobreprecio.

Estas irregularidades y maniobras fraudulentas fueron documentadas por el periódico Mural entre enero y febrero del 2015. El INFEJAL era un Organismo Público Descentralizado (OPD), sectorizado en el ámbito de la Secretaría de Educación Jalisco, que encabezaba Ayón López.

Durante enero del 2015 Mural documentó que el INFEJAL asignó 38.4 y 31.1 millones de pesos a HG Concepto S. A. de C.V. y a Operadora Tualf, respectivamente, que registraron direcciones falsas, por lo que se presumió que eran empresas fantasmas.

También se evidenció que algunos muebles ofrecidos al INFEJAL estaban presupuestados a sobreprecio, sobre las cotizaciones reales que había en el mercado. Además, el domicilio falso que proporcionó la empresa Tualf, el de Galileo Galilei 4156 en Arboledas, lo han usado otras cinco proveedoras oficiales: Distribuidora Citlalco, Sointe Soluciones, Tecnología Tecnomet, Comercializadora Deportiva Empresarial y Construrama.

El gobernador Alfaro Ramírez tiene en sus manos y en su ámbito de facultades la oportunidad de probar, realmente, de qué está hecho, si cumple o es omiso en los compromisos que reiteradamente ha formulado de que pretende combatir la corrupción y la impunidad, y meter a la cárcel a los corruptos. Su palabra está empeñada.