Morelia, Michoacán, Miércoles, abril 3 del 2024.- Debido a los constantes asesinatos de candidatos a cargos de elección popular en Michoacán, entre los más recientes, del morenista Miguel Ángel Zavala Reyes, y el ataque también a balazos al precandidato del PAN, Armando Pérez Luna.
Los dos de las personas que buscaban convertirse en el próximo presidente municipal de Maravatío, un municipio de 80.000 habitantes en el Estado de Michoacán y del país.
El secretario de Gobierno estatal, Elías Ibarra Torres, dio a conocer que durante el actual proceso electoral, 19 candidatos a un cargo de elección popular en los próximos comicios del 2 de junio han solicitado protección en la entidad michoacana.
Este miércoles, Ibarra Torres desglosó que de ese total, 17 casos ya han sido atendidos. Además, de los 19, siete se acogieron al protocolo federal del Instituto Nacional Electoral (INE), con protección de la Guardia Nacional.
Asimismo, 10 tienen apoyo del gobierno estatal con Guardia Civil y dos solicitudes llegaron ayer y ya se giró la instrucción para que estén bajo resguardo de Seguridad Pública estatal.
Protección nacional
Ayer martes 2 de abril, durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actualizó que hasta el 1 de abril se tiene un registro de 108 solicitudes de protección.
De esa cifra, 86 ya han sido atendidas, 10 fueron declinadas y doce se encuentran en análisis de riesgo.
Homicidios en proceso electoral
Asimismo, Rodríguez Velázquez informó que durante el actual proceso electoral, que inició el pasado 1 de octubre, han sido privadas de la vida 15 personas candidatas, precandidatas o aspirantes.
Detalló que se tiene un registro del fallecimiento de dos candidatos ya registrado ante los Organismos Electorales de los Estados.
Asimismo, el homicidio de cinco precandidatos, quienes ya contaban con registro oficial ante sus respectivos partidos políticos, aunque no estuvieran registrado en los organismos electorales.
Y ocho homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instancias electorales, pero habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir.