Por: Eduardo Esquivel Torres
La disputa en torno a las reformas de la Ley Vicaria en Jalisco escaló a niveles críticos tras una intensa jornada marcada por movilizaciones civiles, descalificaciones del Poder Ejecutivo y denuncias ciudadanas de represión policiaca.
El conflicto mantiene divididos a colectivos de padres que acusan discriminación jurídica y a organizaciones feministas que defienden la urgencia de aplicar la normativa.
Integrantes del movimiento nacional “Soy Papá, No Criminal” marcharon desde la Glorieta Minerva con rumbo a Casa Jalisco. Los manifestantes exigían frenar los efectos de la ley aprobada por el Congreso del Estado.
Durante el desarrollo de las protestas, se reportaron altercados en la zona de Circunvalación Vallarta. Testigos presenciales y miembros del colectivo denunciaron de manera directa que elementos de la policía agredieron físicamente a un joven que participaba activamente en el contingente opositor a la ley.
Ante los señalamientos de uso excesivo de la fuerza y golpes contra el civil, la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que ya investiga la actuación de los uniformados estatales involucrados.
Colectivos en contra de la ley (“Soy Papá, No Criminal”): bloquearon vialidades de forma parcial portando pancartas y lonas con fotografías de sus hijos. Su principal exigencia es sustituir el actual ordenamiento por una Ley de Obstrucción Parental.
Declararon que los jueces operan de forma unilateral y que el actual marco legal propicia denuncias falsas utilizadas como “moneda de cambio” procesal.
Colectivos a favor de la ley (Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria): mantienen presión política e institucional.
Su postura central sostiene que utilizar a los hijos para dañar a las mujeres representa una forma real de violencia de género y no un simple conflicto familiar.
El mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, fijó una postura de rechazo absoluto hacia la movilización de los padres de familia. En declaraciones oficiales a medios de comunicación, el gobernador respaldó la protección de las mujeres y lanzó una advertencia directa a los opositores:
“No estoy de acuerdo con esta marcha e incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes, de algunos machos alfa que estuvieron en esta manifestación para saber si son deudores alimentarios, que puedan ponerse al corriente de pagar todo lo que le deben a sus exparejas, exesposas, hijas e hijos”.
Tras difundirse videos en redes sociales y denuncias directas del colectivo “Soy Papá, No Criminal” sobre agresiones físicas a un joven manifestante en la zona de Circunvalación Vallarta, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado abrió de oficio una carpeta de investigación administrativa de manera inmediata.
El órgano supervisor evalúa si el uso de la fuerza contravino los protocolos de contención de manifestaciones ciudadanas.
Cabe recordar que el Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformar el Código Penal local para catalogar la violencia vicaria como un delito autónomo. El marco de sanciones estipula penas de 4 a 8 años de prisión, además de imponer de 100 a 500 jornadas de trabajo comunitario para quien incurra en este delito.
Entre las medidas cautelares complementarias, la comisión del delito implica la pérdida automática de los derechos de patria potestad, tutela y custodia de las infancias involucradas, además del pago obligatorio de la reparación integral del daño psicológico causado a la madre.
La iniciativa original de la Ley Vicaria en Jalisco fue presentada e impulsada por diputadas locales de diferentes partidos políticos, entre ellas Candelaria Ochoa Ávalos, Itzul Barrera, Tonantzin Cárdenas y Valeria Ávila, quienes en distintas ocasiones han defendido la igualdad y la equidad de género. Sin embargo, críticos de la legislación consideran que esta normativa protege únicamente a las mujeres y excluye otras perspectivas familiares.
