Terrenos públicos para la Iglesia
Carlos Delgadillo Macías
El comodato
El 22 de agosto de 2026, el Ayuntamiento de Zapopan, por iniciativa de Juan José Frangie, formalizó la entrega en comodato por 33 años de seis terrenos públicos a la Arquidiócesis de Guadalajara, encabezada por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Estos predios se ubican en colonias como Puerta del Llano, Colli CTM, El Caracol y Villas de Tesistán. En por lo menos tres de los seis ya había construcciones de la Iglesia católica, cuyo estatus jurídico era incierto.
La justificación para solicitar (y otorgar) el comodato fue que, por el crecimiento demográfico, hacen falta lugares de culto, que también fungen como sitios de convivencia, integración comunitaria e incluso recreación y actividad deportiva.
Hay varios puntos que revisar. Uno de ellos es si esta entrega no viola lo estipulado en los artículos 40 y 130 de la Constitución, en lo que respecta al Estado laico y la separación entre el Estado y todas las iglesias. ¿Debería un gobierno, de cualquier nivel, entregar propiedad pública a cualquier institución religiosa? Y, en este caso particular, ¿no está el gobierno de Zapopan dando un trato preferencial a la Iglesia católica al entregarle esos terrenos públicos, por encima de otras asociaciones religiosas?
En cuanto a los beneficios sociales de las obras y lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, ¿por qué delegar esa tarea a una institución religiosa, dado el caso, en lugar de construir centros comunales de carácter público? El Ayuntamiento podría ampliar la infraestructura de este tipo, con áreas verdes, parques, escuelas, clínicas, centros culturales y deportivos. ¿Por qué entonces esta privatización de los espacios comunes?
Es cierto que algunas parroquias sirven, han servido y podrían servir para reconstruir el tejido social, pero no se ve por qué el gobierno tendría que claudicar de esa tarea y entregársela a una iglesia en particular. Y si ya había lugares católicos en terrenos que no estaban formalizados, ¿era necesario entregar aún más, además de regularizar los ya existentes? Queda la pregunta de por qué la iglesia tenía en posesión esos recintos en esos lugares, si son de carácter público.
Una historia difícil
El 25 de junio de 1856 se promulgó la denominada Ley Lerdo, que obligaba a la Iglesia católica a vender las tierras que no fueran de uso de culto. Se calcula que, para ese año, alrededor del 50% de toda la propiedad territorial productiva y urbana estaba en manos del clero. La Iglesia tenía haciendas, ranchos, monasterios, conventos y también propiedades particulares hipotecadas a cambio de préstamos, pues fungía como el principal acreedor del país. En las grandes ciudades, como la capital, Guadalajara, Puebla y Morelia, poseía más de la mitad de todas las casas, edificios y locales.
La resistencia de la cúpula eclesiástica fue tal que prefirió apoyar y financiar al bando conservador en la Guerra de Reforma. Benito Juárez fue implacable: el 12 de julio de 1859 decretó la nacionalización de los bienes eclesiásticos al completo. Vinieron después la Ley del Matrimonio Civil, la del Registro Civil y la de Libertad de Cultos, que redondearon la secularización de México. En la Constitución de 1917, y como fruto de la Revolución, se mantuvo la prohibición de que la Iglesia católica poseyera bienes raíces.
Fue hasta el 28 de enero de 1992 en que, bajo iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, se modificaron los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución para dotar a la Iglesia católica de personalidad jurídica, permitirle adquirir, poseer y administrar otra vez bienes raíces, otorgar derechos políticos a sus ministros (con la excepción de ser votados) y flexibilizar su participación en la educación privada. Eso le permitió al presidente restablecer relaciones diplomáticas con El Vaticano.
Aprovechando la laxitud legal, municipios como Zapopan aprovechan para otorgar tierras a la Iglesia, con comodatos que pueden durar hasta 99 años. En Jalisco esto se ha combinado con la canalización de recursos monetarios para financiar proyectos eclesiásticos. Un caso señero fue el del Santuario de los Mártires, en tiempos del exgobernador Emilio González Márquez.
¿Y la oposición?
En varios diarios locales se publicaron notas sobre la entrega en comodato en favor de la Arquidiócesis de Guadalajara por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Algunas contenían una recuperación de ciertas opiniones críticas, pero en ninguna hubo alguna declaración por parte de la oposición de izquierda. Después de más de una semana del hecho, brillan por su ausencia las posturas de la gente que protagoniza la política partidista en la izquierda electoral, sobre todo en Morena. No hay pronunciamientos públicos, no hay comunicados de prensa, no hay una sola entrevista o publicación en redes sociales que mencione la entrega en comodato y menos que tome una posición en contra.
Como no se han publicado las actas estenográficas de la sesión de cabildo en que se otorgaron los comodatos, es difícil conocer el sentido del voto de los cinco regidores de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos): Ana Cecilia Santos Martínez, Karla Azucena Díaz López, Carlos Armando Peralta Jauregui, María Inés Mesta Orendain y Mauro Lomelí Aguirre.
Ni las y los regidores de ese bloque, ni las dirigencias de esos partidos, ni los principales personajes políticos que enarbolan esas siglas, ni los opinólogos y simpatizantes que tienen presencia en redes han dicho mucho sobre esto. Es más, casi no han dicho nada.
¿Será que hay línea para no oponerse al comodato y así evitar un enfrentamiento con la Iglesia católica, ya con la cercanía de los próximos procesos electorales? Ni el estado laico, ni la defensa de la propiedad pública, ni la exigencia de infraestructura municipal, nada de eso ha motivado a la oposición para examinar los actos del alcalde Juan José Frangie.
Son justamente este tipo de actitudes, componendas, tácticas electorales y falta de posturas las que han permitido que la Iglesia católica vaya acumulando cada vez más hectáreas de la propiedad pública. Y, en el camino, se hayan debilitado aquellos principios de la separación de la Iglesia y el Estado que tanto costó realizar y defender.
