A partir de este año, todo homicidio violento contra una mujer será investigado desde un principio como un probable feminicidio, en el transcurso del proceso se descartaría esa hipótesis, anunció el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
Esta determinación forma parte de la estrategia estatal para el combate a la violencia contra las mujeres. Otra de las acciones es prevenir la violencia, mejorar la procuración y acceso a la justicia de las víctimas, hacer más eficiente el Protocolo Alba y que realmente funcionen las ordenes de restricción.
Actualmente, Jalisco está en el tercer lugar a nivel nacional en violencia contra las mujeres, los primeros lugares los ocupan la Ciudad de México y el Estado de México.
De acuerdon con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en Jalisco siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido de algún tipo de violencia.
Mientras que estadísticas de la Fiscalía del estado revelan que el mayor número de casos de feminicidios se registró en 2015, con 33; el siguiente año, fueron 14; 2017, seis; y el pasado, 14. Todavía no concluye enero, pero ya se contabilizan tres investigaciones.
El fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez informó que en este años, se contabilizan 16 asesinatos de mujeres, pero solo tres entran en la categoría de feminicidio.
Para que se considere feminicidio la autoridad debe encontrar indicios de misoginia, humillaciones, amenazas o lesiones contra la víctima, o actos de violencia intrafamiliar.
El gobernador, adelantó que aumentaría el número de feminicidios respecto a años anteriores debido a que no todas las muertes violentas se investigaban con el protocolo de feminicidio, y a que la pasada administración manipulaba las estadísticas.
En la rueda de prensa, se informó sobre la creación de la Dirección General de Investigación Especializada en Feminicidios, la cual contará con el doble de personal en comparación con la Unidad de Investigación.
Como parte de la estrategia, el fiscal general dijo que las mujeres que asitan al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) a denunciar que su vida corre peligro por la violencia que viven, se les girará de forma inmediata una orden de protección y su promedio de atención de 9 horas, se reduciría a la mitad. La víctima tendrá a su disposición una línea telefónica que funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, para que reporten si el agresor viola la orden de restricción.
En los últimos tres años, las órdenes de medidas de protección emitidas por el CJM, aumentaron: en 2016 fueron 6 mil 624; 2017, 8 mil 524, y en 2018, se emitieron 9 mil 815.
La Coordinadora del Gabinete Social, Bárbara Casillas mencionó que para asegurar que las órdenes de protección funcionen, el ejecutivo y los municipios firmarán un convenio de colaboración, con el fin de compartir una base de datos. En ese mismo acuerdo se prevé que reforzar el Protocolo Alba -que se implementa cuando existe extravío de mujeres y niñas-, por lo que ahora en el número de emergencias 911, se le proporcionará al denunciante un número de folio para dar seguimiento a su caso, y se pedirá a los municipios auxilien en la búsqueda.
Enrique Alfaro también mencionó que firmará un convenio de colaboración con el Poder Judicial para articular los procesos de investigación y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, y para promover la implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género.
