Francisco Castellanos J.
Fotos: redes sociales.
Uruapan, Mich., domingo 1 de noviembre de 2026 (Amexi).- El asesinato del alcalde de Uruapan sigue sin resolverse, convirtiéndose en un recordatorio de la impunidad y el silencio institucional en Michoacán. El caso permanece estancado entre carpetas de investigación vacías y la falta de responsables en el banquillo de los acusados.
Con una marcha convocada por Grecia Itzel Quiroz García, una de las viudas, a la que asistieron personas de diversos estados del país, como Ciudad de México, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes, se recordó al alcalde asesinado. La manifestación reunió a unas 2 mil 500 personas y transcurrió de manera pacífica, según información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.
Informes de inteligencia señalan cómo se infiltró el CJNG en el Ayuntamiento para asesinar a Carlos Manzo
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado de ocho disparos mientras participaba en las actividades de la Noche de Velas, en la plaza central del municipio. A un año del crimen, las investigaciones suman 34 personas detenidas.
Doce meses han pasado desde el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La investigación registra 34 personas detenidas y un avance del 90 por ciento, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades. Sin embargo, todavía existen órdenes de aprehensión pendientes y aspectos del crimen que falta esclarecer.
La noche del 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente municipal fue atacado a balazos mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos, en la Plaza Morelos, frente a decenas de asistentes y en presencia de su familia. El presunto agresor material, el adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidales (también nombrado en reportes como Víctor Manuel Ubaldo Valdés), de 17 años, fue abatido, ya sometido, con su propia arma por el exdirector de la Policía Municipal, Demetrio “N”, uno de los escoltas del alcalde.
A partir de ese momento, las investigaciones permitieron reconstruir parte de la operación criminal y detectar una presunta estructura de participantes que habría intervenido en la vigilancia, planeación y ejecución del atentado.
34 detenidos y dos señalados como presuntos autores intelectuales
Entre los principales avances destaca la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio, así como de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los operadores en la planeación y coordinación del ataque.
Las indagatorias también identificaron un grupo de mensajería cifrada que presuntamente era utilizado para compartir información sobre los movimientos de Manzo y coordinar acciones relacionadas con el atentado.
La principal línea de investigación apunta a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por el entonces alcalde, particularmente por la detención de René “N”, alias El Rino, identificado como presunto integrante de una estructura criminal.
Entre las personas detenidas también se encuentran siete escoltas del exalcalde, investigados por su probable responsabilidad por omisión, así como Alexis “N”, alias El Brilloso, y Christian “N”, alias El Vikingo, señalados por su presunta participación en la filtración de información y coordinación del atentado.
La investigación alcanzó al círculo cercano del exalcalde
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que las indagatorias no se limitaron a identificar a los presuntos responsables materiales y operadores criminales, sino que también alcanzaron a personas que formaban parte del entorno cercano de Carlos Manzo.
El 29 de octubre fue detenida Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
La funcionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, alias El Macas, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis y Christian Medina García, conocidos como El Brilloso y El Vikingo, respectivamente.
Con esta captura, el número de personas detenidas relacionadas con las investigaciones llegó a 34.
¿Qué falta por esclarecer?
Pese a los avances reportados por la Fiscalía General del Estado, todavía existen diligencias relevantes para completar la investigación.
Entre los pendientes se encuentra la localización del coronel y exdirector de Seguridad Pública de Uruapan, José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita dar con su paradero.
Hasta el momento, tanto las detenciones como la información dada a conocer por la instancia de procuración de justicia indican que el crimen de Manzo puede definirse como una traición institucional que se materializó a través de un esquema de tres niveles, que van desde el primer escalafón, conformado por los líderes criminales del CJNG, señalados como los autores intelectuales.
El segundo nivel estaría conformado por los infiltradores e infiltrados en el Ayuntamiento de Uruapan, quienes pertenecían al personal de confianza de Manzo y habrían encabezado la traición al filtrar información confidencial, como su agenda personal y rutinas, lo que los convertiría en presuntos coautores del asesinato.
El tercero estaría integrado por la célula operativa que materializó el homicidio, ya fuera facilitando la movilidad, proporcionando las armas, operando la logística o disparando el arma que acabó con la vida del alcalde, de 41 años, quien dejó un pequeño hijo de dos años, concebido con Grecia Quiroz, una de sus viudas, quien asumió el cargo de alcaldesa el 4 de noviembre, luego de que un día antes se entrevistara con Claudia Sheinbaum.
Otro punto pendiente está relacionado con los teléfonos celulares del exalcalde, que permanecen en poder de Grecia Quiroz. La Fiscalía busca obtener los dispositivos para realizar los análisis correspondientes, mientras que Quiroz ha manifestado desconfianza respecto al manejo de la información que contienen.
Las autoridades también mantienen abiertas las investigaciones para determinar todas las responsabilidades de quienes presuntamente participaron en el homicidio.
Un expediente con miles de diligencias
En el balance presentado por la Fiscalía estatal se reportan alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información.
Asimismo, se informó que 34 personas han sido detenidas y al menos 29 vinculadas a proceso. El avance general de la investigación fue estimado en 90 por ciento.
La Fiscalía también ha señalado que las líneas de investigación desarrolladas hasta ahora apuntan a un móvil relacionado con las acciones del exalcalde contra grupos delictivos y no a un crimen de carácter político.
A 12 meses del asesinato que conmocionó a Michoacán, el expediente registra detenciones, procesos judiciales y una estructura de presunta participación identificada por las autoridades. Sin embargo, el avance del 90 por ciento todavía deja investigaciones por concluir y responsabilidades que deberán ser determinadas por los tribunales.
De acuerdo con expertos en el tema, el crimen organizado opera mediante redes de inteligencia local, infiltración institucional y tácticas de fuerza asimétrica para asesinar a un funcionario público. Estos atentados no suelen ser actos improvisados, sino operaciones planificadas meticulosamente que combinan recursos económicos, armamento de alto calibre y fallas estructurales del propio Estado.
Los expertos de organizaciones como InSight Crime señalan que un atentado exitoso casi siempre cuenta con ayuda desde adentro, como en el caso del edil independiente de Uruapan.
¿Cómo opera el crimen organizado para matar a un funcionario, según los expertos?
Según expertos en seguridad y análisis de violencia político-criminal, el crimen organizado opera mediante redes de inteligencia local, infiltración institucional y tácticas de fuerza asimétrica para asesinar a un funcionario público. Estos atentados no suelen ser actos improvisados, sino operaciones planificadas meticulosamente que combinan recursos económicos, armamento de alto calibre y fallas estructurales del propio Estado.
Los especialistas dividen este método de operación en varias fases críticas:
Inteligencia y vigilancia pasiva (estudio de rutinas)
Antes del ataque, las células criminales realizan un trabajo de “avanzada” o espionaje que puede durar semanas o meses:
Mapeo de trayectos: estudian los recorridos diarios del funcionario, identificando puntos ciegos, cuellos de botella viales o zonas con poca cobertura de cámaras de seguridad ciudadana.
Análisis del esquema de seguridad: evalúan cuántos escoltas tiene el funcionario, los niveles de blindaje de sus vehículos y si se aplican protocolos de contraseñas o rutas alternativas.
Monitoreo de agendas: registran las horas de entrada y salida de oficinas y domicilios.
Infiltración y cooperación interna (el factor clave)
Los expertos de organizaciones como InSight Crime señalan que un atentado exitoso casi siempre cuenta con ayuda desde adentro.
Fuga de información: policías locales, choferes o colaboradores cercanos —coaccionados o comprados bajo la lógica de “plata o plomo”— entregan en tiempo real la ubicación exacta o los cambios de última hora en la agenda del funcionario.
Neutralización de respuestas: a menudo se pactan “zonas liberadas”, ordenando a las patrullas locales alejarse del perímetro donde ocurrirá el crimen para retrasar el tiempo de reacción de los cuerpos de emergencia.
Tácticas de ejecución militarizada
De acuerdo con analistas criminales, cuando los cárteles deciden atentar contra un mando alto o medio, despliegan un esquema con disciplina militar, lo que no ocurrió en Uruapan, sino que se trató de un adicto de 17 años originario de Paracho.
El método favorito de los sicarios es la emboscada: utilizan vehículos pesados o camiones para bloquear el paso del convoy oficial por el frente y por detrás, anulando toda posibilidad de escape. Tampoco ocurrió así hace un año, sino todo lo contrario: el ataque se registró ante cientos de testigos, por lo que algunos ciudadanos no descartan que haya sido el propio gobierno quien se lo quitó de encima.
