Propiciar por negligencia un accidente como el descarrilamiento del Tren Transístmico el 28 de diciembre pasado, en Oaxaca, en el que perecieron 14 personas y 145 resultaron lesionadas, es grave y se debe pagar con años de cárcel y resarcimiento de daños. No obstante, ayer la juez de Control, Diana Isabel Ivens, ordenó sobreseer la causa penal “tras la reparación del daño a las víctimas”, y fueron liberados el conductor Felipe de Jesús Díaz y el jefe de despachos, Ricardo Mendoza. Se decretó el fin de la acción penal.
Doce días atrás comenté que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, rompió el hilo por lo más delgado al apresar a empleados sin investigar a mandos de Marina ni a constructores. Menos aún al “supervisor” de la transa ístmica, J. Ramón López Beltrán.
