La comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna exige a los gobiernos estatal y municipal de Lagos de Moreno que repararen las violaciones a los derechos humanos que cometieron al permitir la instalación de un gasoducto de la empresa Gas Natural del Noroeste en su territorio, sin consultarlos, arrestarlos de forma arbitraria, y sin reconocer sus derechos territoriales.
El pasado 4 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la recomendación 26/2020, tras comprobar que se violentaron los derechos a la manifestación pacífica del pueblo indígena, así como a la seguridad jurídica y a un ambiente sano, entre otros.
Las autoridades señaladas tenían un plazo de 10 días para dar respuesta, pero a la fecha no ha habido ningún pronunciamiento, al menos a los inconformes -originarios del pueblo Chichimeca- no les han informado.
Los afectados apuntaron que la federación (dio autorización ambiental el 24 noviembre de 2016) y el municipio de Lagos de Moreno sin el consentimiento de las autoridades tradicionales de su pueblo, otorgaron los permisos para instalar el gasoducto subterráneo, el cual pasa a dos metros de sus viviendas.
La CEDHJ estableció que se tenía que cumplir con un proceso de consulta, indispensable para la autorización de cualquier proyecto que afecte territorio de pueblos indígenas.
Tras iniciar la megaobra, los pobladores se manifestaron, y como respuesta a ello, la autoridad municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reprimieron a los inconformes y detuvieron a los que encabezaban la protesta. A dos se les imputó una falta administrativa y tres fueron remitidos ante el ministerio público de Lagos de Moreno donde tienen abiertas carpetas de investigación.
El integrante del Consejo General de Pueblos Indígenas de San Juan Bautista de la Laguna, Paul Martínez Facio, recalcó que nuevamente “exigimos que se desmantelen las tuberías, se revoquen las licencias dadas mediante la complicidad y violando los derechos de los pobladores”.
Además, pidió que se cierren las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del estado contra sus compañeros, puesto que “vulnera su derecho a la libertad y nuestro derecho legítimo a manifestarnos”.
La CEDHJ en su investigación encontró que la comunidad no es reconocida por la Comisión Estatal Indígena, incumpliendo así la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y piden que les den su autenticidad.
En ese sentido, el perito agrario independiente e integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), Cristian Chávez, expuso que la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna cuenta con una cédula virreinal que data de 1692, que ampara poco más de 732 hectáreas.
Además, dijo que se emitieron dos resoluciones presidenciales en que les dotan bienes ejidales y comunales con 53 y 351 hectáreas respectivamente, pero aún no se les restituyen.
“Para el gobierno de Jalisco ni siquiera existe el pueblo Chichimeca de San Juan de la Laguna, menos existe su territorio, ni sus autoridades, pero sí existen los millones que salen de la venta y especulación de la tierra”, apuntó.
Agregó que en el archivo general del Registro Agrario Nacional y en la Dirección de Asuntos Agrarios de Jalisco existen documentos que acreditan la existencia de la comunidad.
De esta última dependencia estatal dijo que fue omisa al nunca localizar los terrenos desde la primera resolución presidencial que data de 1945.
Sostuvo que la Dirección de Asuntos Agrarios de Jalisco “fue cómplice al titular terrenos que históricamente, documentalmente, sus propios archivos sabían de la presencia, de la extensión y de la posesión de San Juan de la Laguna, aun así expidieron títulos de predios rústicos que después se convirtieron en escrituras particulares” y se borró la comunidad.
Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, expuso que se violenta el artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas, el cual establece que los estados deberán adoptar medidas para asegurar que no se almacenen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), pidió al gobernador, Enrique Alfaro, y al presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, que cumplan con la recomendación de la CEDHJ.
Lo mismo pidió al fiscal del estado, Gerardo Solís Gómez, a quien el organismo le solicitó iniciar procedimiento de investigación contra la agente del ministerio público, Betzabeth Josefina Ortiz Villaseñor por haber girado una orden protección a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste, en contra de los agraviados, sin fundamento, y haber utilizado el número de una carpeta de investigación ajena a los hechos.
Mientras que al secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Agustín Pacheco se le recomendó abrir procedimiento de responsabilidad administrativa contra los policías Víctor Manuel Vázquez Hernández, Virgilio Luviano Marín y Verónica Ramona Silva Morán, por las detenciones ilegales ocurridas el 13 de mayo de 2019 de los manifestantes.
