En los siete meses de la administración del gobernador, Enrique Alfaro, suman 37 agresiones contra policías estatales y municipales, 25 de ellos perdieron la vida; por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento para que se mejoren las condiciones laborales y de seguridad de los uniformados.
La CEDHJ recordó que los ataques contra los elementos de seguridad “se han realizado de forma cruel, como el ocurrido el 21 de junio pasado, cuando un policía, en su día de descanso, fue asesinado en su domicilio y frente a su familia”.
Los policías no solo han sido asesinados, sino que también han sido privados de la libertad o están desaparecidos, precisa la comisión.
El organismo informó integró seis actas de investigación desde el 2018 a la fecha con relación a las condiciones laborales de los uniformados, en las cuales “se identifican patrones de carencia en equipamiento, capacitación y falta de garantías a los derechos de seguridad social, así como salario y prestaciones suficientes”.
La CEDHJ prevé que los ataques contra los policías podrían incrementarse debido a dos factores, al alza de los índices delictivos, y a las acciones que emprendieron contra grupos criminales, al liberar en este año a 53 personas que estaban privadas de su libertad, y localizar casas de seguridad. Esto, según el organismo, afecta “las actividades de estos grupos y hace previsible el incremento de agresiones contra servidores públicos”.
Recalca la comisión que la seguridad “no es posible”, si a los policías no se les respetan sus derechos humanos, ni cuentan con las condiciones mínimas para realizar su trabajo.
Incluso, refiere que las prestaciones laborales de los policías en Jalisco son dispares, ya que en la mayoría de los municipios no les brindan seguridad social y los sueldos son bajos, aunado a la falta de protocolos de seguridad para los elementos y sus familias.
Bajo esta premisa, la CEDHJ emitió 10 peticiones a Enrique Alfaro, así como a los alcaldes de los 125 municipios. Una de ellas es que protejan a los policías, y sus familias, en especial a los que sufran amenazas o agresiones, o que participaron en casos relacionados con la delincuencia organizada o detenido a uno de sus integrantes.
Además, dar un seguro de vida a los policías, pago oportuno a los familiares en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber, a la par darles ayuda psicológica y jurídica, otorgarles seguro social, dotarles de mejor equipamiento, y que reciban prestaciones y un sueldo digno.
Al Congreso local se le pide que modifique las legislaciones necesarias, “que incluyan los procedimientos, protocolos y directrices que deben seguirse frente a las amenazas y agresiones que sufren las y los policías, determinando con claridad las medidas y acciones que deban emplearse para garantizar su seguridad e integridad personal y de sus familias”.
