Jueves 5 de noviembre.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones financieras con elementos de riesgo relacionados con la presunta red de corrupción en la proveeduría electoral y determinó incorporar a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Durante la conferencia Mañanera de este jueves 5 de noviembre, el titular de la UIF, Omar Colmenares, explicó que los análisis financieros permitieron detectar diversos indicadores que encendieron las alertas sobre el movimiento de recursos vinculados con proveedores electorales.
Entre las operaciones identificadas mencionó transferencias de dinero que permanecían poco tiempo en una cuenta antes de ser trasladadas a otras, así como movimientos hacia personas sin una relación comercial aparente con las empresas investigadas.
El funcionario señaló que también detectaron transferencias a cuentas de estudiantes y personas adultas que, de acuerdo con los análisis, no mostraban una actividad comercial que justificara esos movimientos.
Colmenares aclaró que no se trata de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades.
UIF bloquea a 25 personas y 15 empresas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales.
La medida se tomó después de analizar operaciones financieras que presentaron elementos de riesgo y que requieren ser revisadas por las autoridades competentes.
La dependencia precisó que el bloqueo tiene carácter administrativo, preventivo y precautorio, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, las personas y empresas incluidas en la lista cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
Presentan denuncia ante la Fiscalía
Como parte de las acciones derivadas de los análisis financieros, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que la autoridad ministerial realice las investigaciones correspondientes y determine, conforme a derecho, si existen responsabilidades por las operaciones detectadas.
El caso está relacionado con la presunta red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, cuyos contratos y actividades como proveedores electorales fueron expuestos previamente por autoridades federales.
