“Un calvario”, presentar denuncia ante la Fiscalía por robo de vehículo

Guadalajara, Jalisco.- David, de quien se omiten los apellidos por motivos de seguridad, fue despojado de su vehículo el pasado 6 de julio, a mano armada. También se llevaron sus pertenencias e identificaciones. Ante la situación se dirigió a la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde la burocracia le impedía interponer la denuncia correspondiente.

A continuación se desglosa, de manera íntegra, la denuncia ciudadana que hizo llegar a Partidero:

Tres días después acudí a levantar denuncia formal a la Fiscalía del Estado, que se ubica en calle 14. Me pidieron todas las tenencias pagadas para poder proceder y que la carta factura del vehículo (ya que se había comprado a crédito) fuera reciente. 

Como me robaron la cartera no tenía identificación oficial, solo contaba con la credencial del trabajo, pero no la aceptaron. 

Mi asesor legal le explicó a la persona de la agencia que recibe las denuncias por robo de vehículos que no tenía sentido exigir las tenencias, puesto que solo se debía acreditar el interés jurídico y no el fiscal. Además, que la carta factura debía de tener validez para levantar la denuncia y que después se podría actualizar, pero se negó a levantarla.

Pude observar que todos los acuden a denunciar son tratados con prepotencia y frivolidad, olvidando que son víctimas de un delito y que el Estado no pudo brindar seguridad y deberían tratar con dignidad a la víctima. 

Después de solicitar en la agencia una carta factura actualizada, mi abogado y yo fuimos a la Recaudadora 4 ubicada en avenida Alcalde. El policía de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, se portó de forma intimidante, prepotente, y no nos permitió pasar. 

Unos minutos más tarde salió un funcionario que no se quiso identificar, de aproximadamente 50 años, con alopecia y usaba lentes. De manera altanera nos dijo que ahí no teníamos nada que hacer, que fuéramos al archivo general de la Secretaría de Administración y Finanzas para solicitar copia certificada de las tenencias solicitadas. 

Fuimos al archivo que está en el sótano aledaño a la recaudadora 4, pero no nos atendieron. El guardia de seguridad privada nos dijo que si no tenía mi INE original no me darían nada. Le expliqué que solo tenía una copia porque me robaron mi vehículo y la cartera. Nos mandó al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Se le explicó que no la quisieron levantarla por falta de los refrendos y que requeríamos una certificación.

El guardia de seguridad privada nos mandó con la encargada de la Recaudadora 4 para que nos apoyara. Tras una hora de espera, me negó el servicio de certificación de los refrendos. 

En Fiscalía y en la recaudadora no dejan pasar como protocolo de seguridad por el Covid-19, pero en ninguna de las dependencias tienen tapete sanitario, y su personal no trae cubrebocas o lo usa mal. Entonces, el coronavirus es un pretexto para maltratar o no atender a los usuarios de manera atenta, humana y servicial.

Al día siguiente acudimos a otra recaudadora, en 15 minutos y con un pago de 120 pesos nos dieron la certificación de los refrendos solicitados. 

Regresamos a la Fiscalía, pero en la entrada de la agencia un hombre que traía oculta su identificación, de tez blanca, de 1.80 de estatura, obeso, nos trató de mala gana. Nos pidió salir.

Cuando por fin nos atendió, dijo que solo podía pasar yo. Pero mi asesor jurídico le dijo que según el artículo 105 fracción II del Código Nacional de procedimientos Penales le otorgaba la facultad para estar conmigo, aun así, el funcionario se negó a que entrara. 

Mi abogado le insistió en que violaba mis derechos como víctima, puesto que según el artículo 109 fracciones VII y XV, tengo derecho a ser asesorado en todo momento. De nuevo le dijeron que no podía estar ahí y se tuvo que salir para no violentar más la situación. 

El funcionario minimizó todo diciendo que solo era la denuncia, pero la ley indica que la víctima debe de ser asesorado en todo el proceso penal, el cual inicia con la denuncia. 

Cómo van a impartir justicia si los encargados de hacerlo si desconocen la ley u omiten aplicarla, no respetan los derechos más fundamentales de las víctimas y se escudan en protocolos de salud para atacar a los usuarios. 

En Fiscalía no siguen las medidas sanitarias adecuadas, y no es justo que los ciudadanos paguemos por eso. El Fiscal del estado, Gerardo Solís no debe permitir funcionarios prepotentes que pisen los derechos humanos de las víctimas y hagan más tedioso el acceso a la justicia. Espero que el fiscal tome cartas en el asunto.