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Un despido masivo: ¿de qué tamaño?

Un despido masivo: ¿de qué tamaño?

Andrés de la Peña

 

Con la puesta en marcha de la Ley de Austeridad Republicana por lo menos 220 mil servidores públicos quedarían desempleados y, por conducto de laudos, costarían más de mil millones de pesos al erario.

 

El plan anticorrupción y de austeridad del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, prometió un despido del 70 por ciento de los empleados de confianza de la estructura federal. Se estima que esto dejaría sin trabajo a por lo menos 220 mil servidores públicos, lo que representa cuatro veces la capacidad del estadio Jalisco, y que costaría por lo menos mil millones de pesos, equivalente al presupuesto asignado para la Línea 3 del Tren Ligero en 2019. Supuestamente, este recorte no debería afectar al personal operativo, a los servidores profesionales de carrera o a aquellos contratados por el capítulo 3000 del clasificador de objeto del gasto: fuentes dentro de la administración confirman que no ha sido así.

En junio de 2019 decía el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que el despido afectaría “a altos mandos” y a las estructuras “que duplican funciones”, pero hasta ahora el despido ha sido masivo y generalizado. En octubre de 2018, más de 2 mil empleados del Senado de la República fueron despedidos, de los cuales sólo 14 eran empleados operativos de confianza. Hasta ahora, por lo menos 2 mil personas han sido desvinculadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luego, en enero pasado, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, adelantó el despido de 3 mil trabajadores. El cese se hizo efectivo a partir de mayo, provocando una protesta después de que circulara internamente que el despido se extendería a 10 mil personas. La situación persistió y en julio de 2019 fueron cesados mil 500 trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El gobierno federal emplea a un millón 567 mil personas en 319 entidades públicas, de las cuales 20.3% son empleados de confianza. Esto quiere decir que un recorte del 70% implica el despido de 222 mil 600 personas. En cuanto al despido de servidores empleados por por Servicio Profesional de Carrera (SPC), sirve de referencia el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que publicó Reforma: se destinaron mil millones de pesos para pagar la liquidación de funcionarios del SPC. Esto se refleja en el ramo 23 del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 como el “Programa para la Separación Laboral”.

La preocupación por un posible parálisis en los servicios públicos es lícita, pues en todo el país se han observado microcolapsos: el desmantelamiento del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el cierre de ProMéxico, desabastecimiento de medicinas en toda la república, incluyendo algunas vacunas en Jalisco, el cierre de las oficialías en las dependencias en pro de una oficialía general, entre otros.

También existe la preocupación del destino del recurso ahorrado, pues de ser aprobada la Ley Federal de Austeridad Republicana se crearía una partida discrecional donde el titular del Ejecutivo federal podría reasignar el recurso a cualquier programa por medio de un decreto.

 

Servicio profesional, ¿de carrera?

De acuerdo con datos de la SFP publicado en Reforma el 31 de marzo, estaban registrados 24 mil 749 servidores públicos en el SPC, mil 423 menos que en noviembre del 2018.

En entrevista con Partidero, una trabajadora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien prefirió no revelar su identidad, aportó su opinión sobre los ceses en su dependencia:  “Todos los que despidieron acá eran parte del Servicio Profesional de Carrera, el cual era el modo de empleo más seguro y más confiable… te daba una estabilidad y una seguridad de que ya es tu puesto, y también más confianza. Por el otro lado, estás contratando a alguien que es capaz, que sí sabe lo que hace, que sí maneja la materia, que tiene experiencia”.

La trabajadora explicó al reportero el proceso para ingresar al SPC: “Son exámenes de conocimiento, son entrevistas, son, bueno, un montón de cosas…  si tu vas a concursar por una plaza es porque te gusta hacer eso, es porque sí sabes… es muy complicado, no es un (solo) examen sino varias sesiones.

─La administración ha repetido varias veces que el despido sería de “altos mandos” y servidores con funciones redundantes.

─ ¿Por qué mienten a la gente? Se afirmó que a quien se había despedido nada más era a la gente que se había encontrado que eran aviadores, que eran corruptos. En fin, no es cierto, nada más llegaron y dijeron: “de aquí, en esta delegación, quiero tantos nombres. Tú decides, tú ves cómo, y si no me dices quién entonces yo te digo quién”.

En los casos de despido de empleados por SPC, muchos de los ceses han sido ilegales. Por orden de la SHCP, circulada internamente, reveló la funcionaria que a los empleados del SPC se les ha ofrecido veinte días de salario por cada año trabajado, pero solo desde su nombramiento como SPC y no por su antigüedad total. Es decir, todos los años trabajados antes del 2003 no figuran dentro de su compensación. También, si fueron nombrados como posteriormente a 2003, solo se les ofrece pagos de antigüedad a partir de su nombramiento. Así, hay servidores públicos con más de treinta años de servicio que solo reciben compensación por diez.

“Tengo un compañero que estaba a seis meses de jubilarse y le tocó el despido; sí, claro que peleó. Peleó y lo ganó. Él tenía veintitantos años ya trabajando ahí en la Secretaría”, relata.

De acuerdo con la citada fuente, el orden para despedir a los trabajadores es: primero se pide la renuncia al SPC, si se niega entonces se ofrece una compensación menor a la que corresponde por ley; si el funcionario se niega y decide conservar su plaza o exige reinstalación en otra posición, como se supone que lo permite el SPC, se le da una acción de cese.

La trabajadora contó cómo en diciembre se despidió a varios empleados, luego en enero y luego en marzo. Sin embargo, notó que en mayo dejaron de cesar empleados porque iban a esperar a que se aprobara la Ley Federal de Austeridad Republicana, que facilitaría justificar despidos.

─¿Qué va a pasar con los laudos generados por el despido en el SPC en esta administración? ¿Se van a pagar?

─Al menos en este caso yo no creo que reinstalen a nadie. De que se pague, pues lo dudo. De manera interna hay información que no se ve bien… no pinta nada bien”. Sin embargo, a corto plazo, el despido libera fondos. “Hubo una carta que se nos hizo llegar, es un memorándum firmado por el presidente. Ahí manifiesta que todo ese recorte iba a ser para beneficiar Jóvenes Construyendo el Futuro y para levantar a Pemex.

En contraparte, los integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han suplido, casi en proporción, los despidos en algunas dependencias. Tal fue el caso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se despidió a mil 500 trabajadores y se acogió a 800 becarios. Los 900 mil becarios del programa federal atienden a una capacitación de un año en un “centro de trabajo” registrado y perciben un apoyo por 3 mil 600 pesos mensuales.

“No se hizo un plan, no se vio a profundidad lo que se iba a provocar…, las delegaciones a pique, los servicios a pique. No hay dinero para todo lo que es materiales básicos para trabajar, ¿para qué contratar gente? No, olvídalo. Todo el trabajo que hay, todo el trabajo de siempre pues lo va a hacer la gente que hay,que se pueda, pues quién sabe. Que aguanten la carga de trabajo, quién sabe”, puntualiza la trabajadora.

Un punto a considerar es el pago de salarios caídos, ya que según expertos un laudo puede elevarse hasta 3 millones de pesos, dificultando la liquidación de los mismos a las diferentes dependencias o administraciones.

 

“Estamos consideradas como una adquisición material”

Sin embargo, no todos pueden recurrir a las autoridades laborales, sean despedidos justificada o injustificadamente. El capítulo 3000, reglamentado por la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, establece una forma de contratación en la cual los trabajadores se consideran proveedores externos, contratados por dependencias del gobierno para proveer servicios. Estos trabajadores no cuentan con registro en el ISSSTE, no tienen prestaciones y no son considerados empleados del gobierno. Como pilón: los contratos se renuevan, no generan antigüedad.

Ameyali, trabajadora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), contratada por el capítulo 3000, recibió una notificación de rescisión de contrato junto con dos compañeras más después de que se opusieron al recorte salarial del inicio del sexenio.

“Me pusieron en un escritorio al lado de los subdirectores y la subdirección” relató. Explicó que después del cambio de escritorio no le otorgaron ninguna función y que prohibieron verbalmente al resto del personal trabajar con ella. Esto con el propósito de forzarla a no reportar ningún avance a final de mes, resultando en causa justificada para despido.

Ameyali y sus compañeras no pueden pedir defensa ante la Junta de Conciliación y Arbitraje porque no son consideradas empleadas del DIF. Por ello iniciaron un proceso de amparo que, en el mejor de los casos, cancelaría la rescisión de contrato y les dejaría trabajar solo hasta diciembre de 2019.

Alejandra, trabajadora del DIF y miembro del grupo de defensoría de derechos laborales “Queremos Trabajo Digno”, menciona que “el grueso de los despedidos recibía 6 mil pesos al mes”.

“Estamos consideradas como una adquisición material”, critica Flora, también integrante de la misma dependencia y agrupación. “El despido de mil 500 trabajadores del INAH corresponde con la entrada de 800 jóvenes construyendo el futuro”, continúa.

Ameyali también apunta que “coincide ese nuevo ejército de trabajadores ultra-precarizado [con los despidos]”. El programa que capacita a 900 mil beneficiarios apoya a los jóvenes por solo un año. Una vez terminado el año, las empresas no se encuentran obligadas a contratar a estos jóvenes.

Previo a su cese, el trabajo de las tres empleadas era detectar gente próxima a vivir en calle y canalizarlos a diferentes servicios, aunque la función se ha esfumado tras los despidos.

“(La nueva administración) desapareció protocolos de prevención de situación de calle, desapareció Bebé Seguro, desapareció programas como cunas, que justo eran para la población que dijeron que iban a proteger… va una doble cara. Mientras también afectan a los trabajadores estatales, también afectan a la población que recibía nuestros servicios”, sostiene Ameyali.

Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, abunda en el debate: “precarizó a una situación. Es decir: de por sí había una crisis de desempleo y toda esa juventud que no pudo encontrar trabajo ingresó al programa. Este programa que es solamente por un año y que es por un salario de 3 mil 600 al mes precariza más la situación”.

“El programa no es una capacitación. En realidad se encuentran haciendo trabajos como los compañeros que fueron despedidos”, explica.

 

El “apocalipsis” que se viene: Ley Federal de Austeridad Republicana y recorte masivo 

El maestro Rodolfo Martínez, de la firma jurídica Trusan y Roma Abogados, quien lleva litigios para 7 mil trabajadores gubernamentales en la Ciudad de México, comentó en entrevista para Partidero que el país se enfrenta a un “despido sin precedentes en la historia de la administración pública de nuestro país”.

A pesar de que “existen movimientos normales de cambio, sobre todo de personal de confianza” cuando cambian los titulares de las dependencias y las administraciones, el abogado advirtió que están despidiendo “absolutamente a todos”

“Estamos viendo desde titulares de las dependencias hasta las funciones más modestas que te puedas imaginar ¿De qué tipo de personal estamos hablando? Bueno pues de, por ejemplo, el que saca las copias, de la secretaria…”, apunta.

Sobre los estatutos legales contemplados en la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, el legista considera que existen algunas incosistencias, sobre todo en el artículo 13, referente a la duplicidad de funciones en una dependencia.

“La ley no te dice cuáles son los criterios para determinar si existe una duplicidad de funciones”, explica el abogado.

Y continúa: “En teoría, no existe una duplicidad de funciones…Todas las dependencias se rigen por las Leyes Orgánicas de la Administración Pública, y cada dependencia tiene su reglamento interior. En los reglamentos interiores se establece con claridad cuál es la atribución de cada uno de los funcionarios que integran la administración pública. Normalmente no existe una duplicidad de funciones”.

“Es un desconocimiento bastante grave y vergonzoso de la administración pública. Pero además es un desconocimiento de la propia ley que ya estaba vigente”, apunta.

A decir de Martínez, este es uno de los problemas más graves de la ley, y ha causado que varios elementos en la oposición dentro del Senado se organicen para interponer una acción de inconstitucionalidad.

“Estamos viendo que van a dejar a la libre interpretación de los titulares de las dependencias qué es una duplicidad de funciones… Va a haber un recorte masivo a partir del mes de septiembre, que es cuando esta ley entrará, sin duda, en vigor. Sin duda empezará una serie de recortes de personal y a todos los niveles”.

Ante dicho escenario, Trusan y Roma Abogados conduce actualmente 7 mil litigios, de los cuales 3 mil llevan demandas por despidos injustificados y aproximadamente la mitad de ellos son Servidores Profesionales de Carrera.

Martínez explicó que sus despidos son sin ningún fundamento en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, además corroboró que las compensaciones ofrecidas recortan el cómputo de años trabajados. Esto significa que la mayoría de esos laudos tendrán que ser pagados por la Administración Pública.

“El gobierno federal, de por sí ya tenía déficits presupuestales tremendos por despidos injustificados. Te puedo dar un ejemplo: en el año 2017, en el Servicio de Administración Tributaria se tenía un pasivo financiero, por despidos injustificados y laudos que tenían que pagar, de alrededor de 70 millones de pesos, solamente en el SAT”, detalla.

También mencionó que el acuerdo de la SHCP para compensar a los servidores públicos fue porque “el gobierno federal sabe perfectamente que van a perder todos esos laudos”.

─¿Qué va a pasar?

─En este caso los laudos no van a llegar antes de 4 años. De ser el caso que lleguen antes de que termine el actual sexenio, esta administración no los va a pagar. Entonces, vamos a ver una herencia de un pasivo presupuestal como nunca se ha visto en la historia de este país. El daño patrimonial que le están causando al gobierno federal es de una forma exorbitante.

De aprobarse la Ley de Austeridad y concretarse el despido presupuestado, por lo menos 220 mil personas perderían su trabajo, aunque el número podría elevarse mucho más si continúa el despido de empleados del SPC y del capítulo 3000. Esto podría provocar un desbalance en los servicios públicos y, a la postre, en las finanzas de la Federación.

 

Sobre la nueva ley

La nueva Ley Federal de Austeridad Republicana fue aprobada por el Senado de la República el 1 de julio. La propuesta, muy probablemente, será promulgada en septiembre, cuando la Cámara de Diputados ─donde se originó─ entre en sesión. Esta ley tiene una serie de artículos que significarán un duro golpe para los trabajadores del Estado:

Artículo 13 Prohíbe toda “duplicidad de funciones.
Artículo 16 Prohíbe contrataciones de seguros de ahorro con recursos del Estado, lo cual incluye el Seguro de Separación Individualizado.
Artículo 22 Prohíbe usar recursos públicos para contratar jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro y seguros de gastos médicos o de vida privados.
Artículo 24 Prohíbe a los trabajadores del Estado separados de su cargo, durante 5 años, trabajar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público.

 

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