Durante esta semana, los ministerios de educación y otras instituciones reguladoras de los países de América Latina y el Caribe se encuentran reunidos en el IV Foro Regional de Políticas Educativas: inclusión y educación en tiempos de post-pandemia ante el complejo desafío de formular políticas que resuelvan la exclusión en educación y promuevan sociedades más justas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) convoca a la edición 2020 del Foro Regional de Políticas Educativas, que durante cuatro días brinda un espacio de diálogo y reflexión que impulsa estrategias para avanzar hacia el logro de la Agenda Educación 2030. La cuarta edición del encuentro, realizada por primera vez en modalidad virtual, tiene como hilo conductor la Edición Regional del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la propia organización.
Las y los autores del informe estarán presentes junto a otras personas expertas en cinco paneles del foro para debatir sobre los factores de exclusión que producen prácticas discriminatorias en los sistemas educativos. Sus hallazgos servirán como insumo para siete talleres, en los cuales quienes representan a los ministerios de educación de toda la región elaborarán recomendaciones y líneas de acción para la construcción de una educación inclusiva en los desafiantes tiempos de post-pandemia.
Los paneles de discusión son los siguientes: Educación, desigualdad de género y diversidad sexual. Educación y discapacidad. Educación, estatus socioeconómico y ubicación geográfica. Educación, movilidad humana y etnia. Educación con personas en situación de privación de libertad.
Tuve el honor de participar en el primer panel, en el cual se abordó la desigualdad de género y la diversidad sexual en tanto factores que producen prácticas discriminatorias y por ende exclusión dentro de los sistemas educativos.
Algunas de las conclusiones de ese panel son las siguientes: La urgente necesidad de implementar la Educación Sexual Integral, apegada a los compromisos establecidos en el Consenso de Montevideo, con un enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad y de respeto a la diversidad sexual e identidad de género, considerando el derecho a decidir de manera libre y responsable, sin miradas conservadoras que determinen dichas decisiones.
Reconocimiento a las niñas y adolescentes como sujetas de derechos y en donde quede plasmado los principios de interés superior de la niña y de autonomía progresiva, que se garantice el acceso a una educación sexual integral con financiamiento para establecer programas de prevención de las violencias sexuales, servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y asequibles y la posibilidad de acceso a la justicia a las niñas víctimas de violencia sexual.
También, adecuar las instalaciones educativas para que garanticen inclusión, garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y poner fin a la impunidad ante el embarazo infantil.
El enfoque de género debe tomarse como una forma de leer la realidad. También las inversiones específicas en la prevención y reducción del embarazo adolescente y en la erradicación del embarazo infantil.
Para esto, es clave la incidencia en los ministerios de educación de la región para diseñar e impulsar la aprobación de estrategias nacionales de educación integral en sexualidad y planes específicos que prioricen los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en la adolescencia, además del combate a la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
La educación es un derecho, pero también es una herramienta de cambio, necesaria hoy más que nunca para la transformación social.
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