Guadalajara, Jalisco.-En la Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal (UEAON) de San Miguel El Alto carecen de personal, medicamentos, vacunas, instrumentos y de instalaciones adecuadas para realizar su trabajo, aunado al terrorismo laboral que ejerce su director Mario Cuellar Rodríguez, señalan afectadas.
El colmo es que durante varios meses, urgencias y partos permanecieron divididas del área covid-19 con un simple plástico negro, lo cual acarreó contagios entre el personal. Pese a que existe material para protegerse del covid, les advirtieron que si se rompe el traje tibek no se les daría otro, y deberían encimarse un traje quirúrgico desechable.
El hospital no está registrado para atender a pacientes con coronavirus, si algún médico o enfermera quiere hacerse una prueba para detectar covid, deben pagarlo de su bolsillo. “Recibimos un bono covid de 3 mil pesos (…) tal parece que ese bono nos lo dieron para gastarlo en pruebas particulares”, se quejan.
Desde que Mario Cuellar ─contra quien existen cuatro quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por hostigamiento laboral y abuso de autoridad─ asumió la dirección hace dos años, no se han atendido cesáreas ni legrados en el turno nocturno por la falta de anestesiólogo y de pediatra. Incluso apuntan que el área de quirófano tiene humedad desde hace más de tres años y no le dan mantenimiento.
Mientras que en el área de urgencias no se cuenta con ginecólogo, pediatra, cirujano ni anestesiólogo, según denuncia la encargada del servicio vespertino, Natalia Ortiz. Ella es una de las víctimas de hostigamiento laboral por parte del director a quien acusa de negarle vacaciones y rechazarle una incapacidad emitida por el ISSSTE. Además, Cuellar permite que sus compañeros le falten el respeto a ella y le envíen más pacientes.
Cuando una mujer requiere una cesárea urgente es necesario trasladarla a otra institución. Sin embargo, si la enfermera Graciela Montaño Lara, encargada de la guardia nocturna decide que no se traslade a una paciente delicada, la familia debe llevarla por sus propios medios a un hospital privado o al público más cercano, lamenta la ginecóloga Guadalupe Flores García.
En el turno nocturno es común que la caja donde se colocan cubrebocas, gorros y botas para los servicios de quirófano y de tococirugía, esté vacía, lo que provoca que se pierdan minutos valiosos para atender urgencias.
El 29 de julio pasado, nueve personas firmaron una carta que entregó Guadalupe Flores al director para solicitarle que los partos sean atendidos en tococirugía, pues hacerlo en área de labor es complicado al no contar con buena iluminación.
Guadalupe Flores explicó que por la poca visibilidad no vio un hematoma de una parturienta, cuando lo detectó pidió traer una lámpara, “la cual tuvo que sostener la enfermera Patricia Hernández durante todo el procedimiento” además de aplicar medicamentos a la paciente.
En el mismo documento expuso que “el área original de toco ya se encontraba habilitada y funcional desde hace muchos años y hemos trabajado sin ningún problema, por dicho motivo, le solicito que tome en cuenta esta petición que es para el bien” de usuarias y personal.
El director mediante un oficio con fecha 12 de agosto, respondió a Guadalupe Flores que “el área habilitada en expulsión como quirófano, la indicación, es de que solo se utilizará en caso de existir una urgencia quirúrgica (cesárea, esto cuando se encuentre el equipo quirúrgico completo) de no ser así se seguirá usando para atención de parto”.
A la vez, dijo que el área de mantenimiento arregló el desperfecto de la lámpara. Esto último no sucedió, y a la semana siguiente siguió la falla como corroboró la médica Natalia Ortiz.
Un detalle más es que se contrató personal que carece del perfil para ocupar el puesto como es el caso de la enfermera Guadalupe Díaz Sánchez quien carece de título, aseveran.
En este año dicen que hubo favoritismo en la entrega de bases que se dieron en enero y en abril, al no respetarse la antigüedad que tienen, algunos de más de una década. Acusan que a los que consiguieron base, se les trasladó para hacer el trámite correspondiente en un vehículo oficial y en horario de trabajo a las oficinas que se ubican en Guadalajara.
Enfermeras y médicos viven en la incertidumbre puesto que, a raíz de la desaparición del Seguro Popular, firmaron contratos que se renuevan cada 5 meses y medio, y descansan 15 días sin goce de sueldo para no generar derechos.
Tampoco existe un reloj para marcar entrada y salida ─solo se anotan en una hoja─, por lo que es común que los cercanos al director falten o salgan más temprano.
El personal está expuesto a las agresiones de pacientes e incluso del guardia de seguridad José Hernández quien en noviembre de 2020 insultó y humilló a la enfermera Juana María Tabares delante de pacientes y de sus compañeros de trabajo por haber reportado que el señor no cuida su higiene personal.
Juana Tabares lamentó que en mayo pasado le llamaran la atención por aplicar vacunas, luego de que la jefa de Enfermeras del UEAON Yadira de Jesús Romo le recalcó que solo se debía inocular contra sarampión y rubeola a niños de 1 a 4 años. Esa orden no se le habían dado, y ella para evitar que se desperdiciara el biológico también lo aplicó a menores rezagados de otros rangos de edad.
Otra queja del personal es que debido a la fumigación que se hizo en las instalaciones, algunos tuvieron como secuela una neumonitis química, por lo que no deben estar expuestos a contagiados con covid o de alguna otra enfermedad respiratoria.
A pesar de realizar el mismo trabajo, Mario Cuellar pidió a varias personas reintegrar la prima vacacional expedida en la quincena 24 del año pasado, debido a que es una prestación que no les corresponde.
Afuera del hospital se colocó una manta para exigir la destitución de la directora de la Región Sanitaria III Altos sur, María Idione Maldonado, por “su incapacidad de resolver conflictos, falta de sensibilidad hacia la base trabajadora, agresiones hacia los trabajadores y por no respetar las condiciones generales de trabajo”.
