Universidades en capilla
Juan M. Negrete
La Universidad de Guadalajara fue fundada en 1792, aunque apenas laboró, cuando mucho, unos treinta años. La inestabilidad que azotó al país tras la proclamación de la independencia le afectó en serio, como a todas las demás que se habían abierto. Ninguna de ellas sobrevivió el naufragio. El año de 1861 la universidad local, tras ciertos episodios de cierre y apertura, fue clausurada de manera definitiva. Concluida la revolución, se volvieron a reorganizar muchas de ellas y a reabrir sus puertas. En Jalisco ocurrió esto en 1925, bajo el mandato de don Guadalupe Zuno, gobernador constitucional del estado. Estamos a un paso de su centenario.
Fue puesta a funcionar, pero casi de inmediato surgieron dificultades para su operación, a la que suponemos tersa, mesurada y reflexiva. La docencia, la investigación y la extensión de la cultura y de la ciencia, que son sus motores fundamentales, requieren de la paz ciudadana, de la tranquilidad doméstica que permita hacer brotar de sí al ejercicio creador del ocio. Al año estalló el conflicto cristero, que se agudizó sobre todo en esta parte del país. La tal reyerta incidió y afectó el ejercicio escolar. Tras tres años de conflicto armado, vino el armisticio. Pero la calma serena para que brillara luz del claustro no llegaba. Se vivieron nuevas algaradas internas por aquello de las definiciones ideológicas. Nomás no se ponían de acuerdo.
Por un lado la insistencia de los gobiernos, que se decían herederos del movimiento armado triunfador, de definir como socialista al cauce que debía observar la práctica docente en todo el país. Así se estableció tal directriz en el artículo tercero de la constitución: La educación que imparta el estado será socialista. Por el otro, el bloque universitario compuesto de alumnos y maestros católicos, no dispuestos a cumplir con la norma constitucional. Como parecía imposible ponerse de acuerdo, la universidad terminó cerrando sus puertas, esperando mejores tiempos para reabrirlas en serio.
En 1937 vino una especie de solución medio salomónica, medio confusa. Como se debatía el mismo litigio en todo el país, en la universidad nacional terminó ganando la partida el bloque de los ‘autonomistas’, cuyo emblema clave consistía en no plegarse al dictamen constitucional. La universidad nacional impuso la figura de la autonomía hasta en el nombre mismo. Desde entonces la conocemos así, la UNAM.
Aquí, nuestros levantiscos maestros y estudiantes católicos, solicitaron a los de la UNAM su incorporación y la consiguieron. Ya en posesión de esta clave burocrática y jurídica, se separaron de la universidad estatal y pusieron su casa aparte. Por eso teníamos en Jalisco dos universidades: la UdeG, que es la estatal, la oficial; y la UAG, que es autónoma, siguiendo el modelito de la UNAM. Popularmente les llamamos los tecos. Sus títulos valían oficialmente entonces por su incorporación con la UNAM.
El pleito original entre estos dos grupos educativos tenía que ver en serio y a fondo con la disputa por convertirse en los titulares de la recepción de los fondos pecuniarios que desde el erario se destinaran al renglón educativo. Al parecer no había otra mística que ésta: el motín por el botín. Y para abreviar todo un capítulo de historias que nos llevaría demasiadas planas, la ganona, después de muchas vicisitudes, vino a ser la UdeG. Es la recipiendaria oficial e indiscutible del presupuesto para las tareas educativas.
Por los años setentas, los universitarios del país alzaron de nuevo la voz buscando el reconocimiento de sus gremios con la figura sindical. Lo lograron. No sólo constituyeron bloques laborarles en sindicatos, sino que consiguieron que se normaran bajo el apartado A, del artículo 123°, que es mucho más favorable que el apartado B. Tal avance quedó establecido en el artículo 3° que dice que las ‘universidades autónomas por ley’ regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores con este formato.
La UdeG, no era autónoma, ni por ley ni sin ley. Era una dependencia estatal, así fuera muy institución de educación superior. Para no alargar historias pues, hay que consignar que al final del período del gobierno de Rivera Aceves, nuestra ley estatal modificó su estatus legal y la proclamó autónoma por ley. La legislatura en turno le concedió la autonomía, sin que los beneficiados universitarios sudaran ni se abochornaran. De inmediato los jefazos de la UdeG tomaron en sus manos la banderola de la autonomía y la han convertido en el justificante central para cuanta exigencia se les ocurra y tengan a bien levantar como presión ante el poder estatal. ¡Y cuidadito con retobar! Lo que estamos viendo en los días recientes, como conflicto reciente entre el alma mater y el gobierno del estado, es una reedición más de su pleito inacabable: Disputa por centavos. Y paremos de contar.
Pero en el centro del país, en sus mañaneras, el señor AMLO lleva días refiriendo que sus proyectiles y petardos buscan como objetivo central revisar el manejo de las carretadas de dinero que reciben todas las instituciones educativas del país. ¿De qué privilegios gozan estos entes ‘autónomos’, para seguir eximidos de la revisión de cuentas, si es del erario público, o sea de los impuestos de los ciudadanos, de lo que se les mantiene? ¿De dónde les vino este trato preferencial de exención fiscal? ¿Está justificado?
