Jueves 13 de febrero de 2025.- Han pasado 17 años desde la muerte de Miguel Ángel López Rocha, el niño que perdió la vida tras caer al contaminado Río Santiago.
A pesar de las promesas gubernamentales y las denuncias constantes de activistas, la crisis ambiental en la región sigue sin resolverse.
El río, convertido en un vertedero de aguas residuales industriales en El Salto y Juanacatlán, mantiene altos niveles de metales pesados como zinc, arsénico, plomo y níquel.
En 2024, las cifras son alarmantes: 168 muertes—la cifra más alta registrada—y 97 nuevos casos tanto de insuficiencia renal como de cáncer, según datos del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró la restauración del río como prioridad, los pobladores denuncian que no ha habido cambios significativos.
“La justicia ambiental nunca llegó. No hubo sanciones firmes contra las empresas contaminantes, ni atención médica integral para la población afectada”, afirma María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Activistas exigen acciones urgentes: monitoreo ambiental real, sanciones efectivas y la participación de la comunidad en la restauración del río.
Además, rechazan la construcción de la termoeléctrica “La Charrería”, que consideran una nueva amenaza para la región.
Para Raúl Muñoz, habitante de El Salto, el recuerdo del río limpio es un sueño que espera se haga realidad para las nuevas generaciones.
“Tal vez nosotros ya no lo volvamos a ver limpio, pero ojalá nuestros descendientes puedan disfrutarlo como lo hicimos nosotros de niños”.
